El Salvador

Trámites

En la actualidad, los ciudadanos españoles que pretendan desplazarse a la República de El Salvador no tienen la necesidad de disponer de un visado para ello.

Aun así, resulta muy recomendable inscribirse en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), a efectos de agilizar la atención del trabajador desplazado por parte de la Embajada de España en El Salvador ante eventuales situaciones de emergencia que pudieran producirse.

Esta exención de visado a los ciudadanos españoles que quieran acceder a El Salvador aplica cuando la estancia de la persona desplazada no vaya a superar los 90 días, o bien en los casos en los que el motivo del viaje sea meramente para hacer turismo.

Tal y como se indica desde el portal web de la Embajada de El Salvador en Madrid, el requisito que deben cumplir los ciudadanos españoles para poder acceder es la ostentación de un pasaporte en regla, con una vigencia mínima de 6 meses.

Ahora bien, en aquellos casos en los que se planifique viajar a otros países vecinos como son México, Nicaragua, Honduras y Guatemala, se recomienda que el pasaporte tenga al menos un margen de vigencia de 1 año (algunos de estos países también exigen una vigencia mínima de 6 meses).

Por otra parte, cuando se prevea que la duración de la estancia vaya a ir más allá de los 90 días, el ciudadano deslazado deberá acudir a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador a efectos de solicitar una prórroga legítima de la estancia. La documentación requerida para la obtención de un permiso de residencia que habilite al ciudadano extranjero a realizar una actividad laboral en el país, pasados los 90 días iniciales, son los siguientes:

  1. Solicitud de Residencia Temporal con permiso de trabajo, suscrita por el empleador, Representante Legal o Apoderado debidamente autenticada.
  2. Presentar pasaporte original vigente y fotocopia de todas las páginas utilizadas.
  3. Original de solvencia de Antecedentes Policiales del país de origen o donde ha residido los 2 últimos años anteriores a su ingreso a territorio salvadoreño, debidamente Autenticada o Apostillada.
  4. Constancia de salud expedida por médico salvadoreño debidamente autorizado por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, que haga constar no padecer de enfermedades infectocontagiosas. La constancia tiene una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de su expedición.
  5. En caso de haber permanecido por más de 3 meses en territorio nacional o mostrar más de dos ingresos al país, deberá presentar Solvencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador vigente.
  6. Presentar fotocopia certificada del Contrato de Trabajo presentado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, suscrito por el empleador domiciliado.

Ahora bien, si se tiene conocimiento antes de efectuar el desplazamiento de que éste se va a prolongar más allá de los 90 días de estancia iniciales, la mejor opción en estos casos consiste en ponerse en contacto con la Embajada de El Salvador en Madrid, a efectos de completar la documentación que les será requerida para la tramitación de un permiso de residencia ante la Dirección General de Migración. De este modo, se puede acelerar el trámite previamente al inicio del desplazamiento.

 

Aspectos culturales y de educación

El Salvador cuenta con una rica diversidad cultural que deriva de su realidad histórica. En la actualidad, la cultura popular del país es el resultado de la gran influencia que ejercen, por un lado, la población indígena y, por otra parte, las costumbres hispánicas.

Los núcleos de población más representativos y tradicionales se localizan en las zonas de los “izalcos”, “nonualcos”, alrededores de San Salvador y de Cacaopera. Entre las expresiones materiales del folclore salvadoreño, se incluyen elementos como la artesanía, existiendo importantes centros de producción en Nahuizalco, La Palma o Ilobasco.

En lo que respecta a la vestimenta, las prendas tradicionales son utilizadas en su mayor parte en eventos culturales, si bien ocasionalmente puede observarse como parte de la vestimenta diaria en ciertas poblaciones.

En El Salvador, el idioma oficial del país es el español. Ahora bien, existen otros idiomas que siguen siendo practicados en el país por parte de la población más tradicional, siendo principalmente el pipil, lenca y algunas lenguas mayenses.

En cuanto a las religiones y creencias profesadas en el país, cabe comentar que la Constitución del país reconoce el pleno derecho de libertad religiosa. Aun así, existe una gran mayoría cristiana. Según un estudio realizado en 2009 por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la presencia de fieles cristianos representaba prácticamente el 90 % de la población total del país. Dentro de esta mayoría, la principal creencia la constituye el catolicismo – representando aproximadamente la mitad de la población salvadoreña -, seguidos del cristianismo evangélico (un 38,2% del total de habitantes).

Esta mayoría cristiana se ve reflejada también en el calendario nacional de días festivos laborales, respondiendo la mayoría de días festivos a la tradición cristiana. Los días festivos para el año 2016 son los que a continuación de indican:

• 1 de enero: Año Nuevo

• 24 de marzo: Jueves Santo

• 25 de marzo: Viernes Santo

• 26 de marzo: Sábado Santo

• 27 de marzo: Domingo de Resurrección

• 1 de mayo: Día del Trabajador

• 4 de agosto: Fiesta Nacional de El Salvador

• 5 de agosto: Fiesta Nacional de El Salvador

• 6 de agosto: Fiesta Nacional de El Salvador

• 15 de setiembre: Día de la Independencia

• 2 de noviembre: Día de los Difuntos

• 25 de diciembre: Navidad.

Seguridad vial

Según la información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el estado de la red principal de carreteras de El Salvador es, por lo general, de buena calidad.

Ahora bien, en cuanto a las carreteras secundarias del país, es posible encontrar tramos en los que resulte necesario disponer de un todoterreno para poder desplazarse sin perjudicar el estado del vehículo ni poner en peligro la seguridad de conductor. Es probable, durante el desplazamiento por este tipo de carreteas, encontrar obstáculos tales como animales, peatones en circulación y objetos en mitad de la vía. En este sentido, se recomienda circular a una velocidad acorde a las características de la vía, no superando en ningún caso una velocidad mayor a la de 80 Km/hora (en cualquier tipo de vía).

En referencia al factor humano, cabe comentar que en el país las prácticas de conducción de la población suelen ser bastante agresivas, lo que añadido al mal estado de las carreteras y vehículos que por ellas circulan, propicia unos elevados números en cuanto a la siniestralidad vial en El Salvador.

En las vías interurbanas, se recomienda prestar especial atención a los buses y minibuses que circulan por la ciudad, puesto que suelen ser conducidos de forma agresiva. En este sentido, a fecha de setiembre del 2014, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial de El Salvador cuantificó en 606 los accidentes de tráfico producidos a lo largo del año en los que había implicado un autobús.

Los peatones no suelen tener prioridad en las vías interurbanas, y aun teniéndola, ésta es habitualmente ignorada en los pasos de cebra o semáforos, por lo que hay que extremar la precaución al pasear a pie.

Canje del permiso de conducción

La República de El Salvador es uno de los países que mantiene en la actualidad un acuerdo internacional de canje de los permisos de conducción con España. Por lo tanto, en caso de que el trabajador desplazado vea expirada la validez de su permiso de conducción, tendrá la posibilidad de efectuar el canje y obtener un permiso de conducción salvadoreño que le permita seguir circulando por las carreteras del país.

Riesgos meteorológicos y de condiciones naturales del país (terremotos, lluvias torrenciales…)

En marzo de 2012, la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres elaboró el “Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres”, siendo éste el último de los planes elaborados en esta materia. En dicho informe se especifica la larga lista de riesgos naturales a los que está expuesto el país con motivo de su ubicación y su estructura geológica.

En El Salvador, la mayor parte de las emergencias están asociadas a eventos generados por las lluvias, que se dan principalmente de mayo a noviembre. Como consecuencia de estas precipitaciones se producen deslizamientos, acumulaciones de agua y lodo, inundaciones y procesos erosivos que se dan en la superficie del suelo.

Además de estos riesgos, la República de El Salvador está expuesta a riesgos de origen natural tales como huracanes, inundaciones, terremotos, deslizamientos, erupciones volcánicas y sequías. Además, El Salvador es uno de los países en los que suele desencadenar el fenómeno de El Niño. Cabe destacar que la prevalencia de estos fenómenos se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. Tal y como se detalla en el informe, en el periodo comprendido entre 1997 y 2010 ocurrieron 24 eventos que derivaron en desastres, lo que representa un poco más del 53% de los desastres ocurridos en 100 años.

Se presenta a continuación una síntesis de los principales riesgos naturales que presenta El Salvador y el detalle de las zonas más susceptibles de que en ellos se generen:

Inundaciones

La zona costera del país es la principal área expuesta del país a esta tipología de riesgo, concretamente en zonas como Usulután o San Miguel. Cabe decir que la magnitud de estos riesgos se ha incrementado, a consecuencia de factores propiciados por la acción humana como son la deforestación, falta de planificación urbana, mala disposición de desechos sólidos, cambios de uso de suelo, densidad poblacional, destrucción de manglares y arrecifes en las zonas costeras, invasión y desvío de cauces naturales, etc.

Movimientos sísmicos

La amenaza sísmica es el riesgo natural que más graves consecuencias conlleva en el territorio de El Salvador. Entre 1524 y 2001, San Salvador ha sido destruida al menos en 22 ocasiones a causa de terremotos. También se han producido históricamente importante movimientos sísmicos en las zonas de Santa Ana, Jayaque, Comasagua, Nueva San Salvador, Santa Elena, San Vicente y San Agustín.

Erupciones volcánicas

El territorio salvadoreño está formado en su mayoría por rocas volcánicas, las cuales cubren aproximadamente el 98% del territorio nacional. Entre las zonas que han presentado históricamente una mayor actividad volcánica en el país destacan:

• Cadena Volcánica Antigua: ubicada al sur de las montañas norteñas, con una faja de volcanes individuales que atraviesa toda la República desde el Oeste hacia el Este. Los volcanes de la zona, principalmente el Guazapa y el Cacahuatique, se encuentran actualmente inactivos.

• Cadena Volcánica Joven, ubicada más al sur de la zona anterior. A ella pertenecen volcanes activos como el Ilamatepec en Santa Ana, Izalco en Sonsonate, Quetzaltepec en San Salvador, Chichontepec en San Vicente, Chaparrastique en San Miguel y Conchagua en La Unión.

Condiciones sanitarias

Además de los riesgos existentes en el país en materia de seguridad ciudadana, otro aspecto clave que se debe tener en cuenta a la hora de gestionar la prevención del trabajador desplazado consiste en la protección de su salud frente a los riesgos que pudieran derivarse de las condiciones higiénicas que presenta el país de destino.

En el caso concreto de El Salvador, las condiciones sanitarias y de higiene presentes en el país son, tal y como se apunta desde la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación, bastante deficitarias.

En primer lugar, se recomienda extremar las precauciones en cuanto al consumo de alimentos y agua, a efectos de no contraer enfermedades diarreicas, gastroenteritis, amebas… y otras dolencias similares que puedan conllevar una merma en el estado de salud del trabajador desplazado. En cuanto a la ingesta de agua, deberá consumirse siempre agua embotellada. Asimismo, se recomienda evitar el consumo de alimentos comercializados en puestos ambulantes con dudosos parámetros de seguridad alimentaria.

Otro de los riesgos presentes en el país desde 2013, y que ha ido presentando paulatinamente una mayor incidencia, lo constituye la posibilidad de contraer el dengue.

También se ha ido extendiendo desde mediados de 2014 el “chikungunya”, un virus que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y dolor muscular, unos tres o siete días después de ser picado por un mosquito (“Aedes Aegypti”) transmisor. Algunas personas pueden desarrollar tras la picadura dolores e inflamación articular que pueden devenir crónicas.

Las medidas preventivas aplicables, tanto para el dengue como para el “chikungunya”, deberán orientarse a evitar la picadura del mosquito transmisor. En este sentido, conviene dar cumplimiento a las recomendaciones siguientes:

• Evitar zonas pantanosas y húmedas, así como situarse cerca de zonas u objetos con agua estanca, siendo estos elementos el hábitat natural de los insectos transmisores.

• Utilizar redes anti-mosquito en la vivienda habitual del trabajador.

• Hacer uso de repelente anti-mosquito, aplicándolo tanto en la piel como en las prendas de vestir.

• Vestir con prendas holgadas, preferiblemente de color claro, que cubran las extremidades superiores e inferiores.

• En caso de manifestar alguno de los síntomas anteriormente descritos, acudir de inmediato al centro médico incluido dentro la póliza del seguro médico de viaje.

Existen además otros riesgos sanitarios prevalentes en el país y que conviene igualmente tener en cuenta:

• Paludismo: Existe un riesgo muy bajo de paludismo, casi exclusivamente por P. vivax, en zonas rurales bajo influencia migratoria de Guatemala. Se han notificado casos esporádicos de paludismo por P. vivax en otras partes del país.

• Leishmaniosis: Se transmite por la picadura de flebótomos hembra o moscas de la arena. También es posible la transmisión de persona a persona por sangre inyectada o jeringas y agujas contaminadas. Precauciones: Evitar las picaduras de flebótomos o moscas de la arena especialmente después de anochecer, usando repelentes y mosquiteras impregnadas de insecticidas. Aplicar el resto de medidas preventivas indicadas para los riesgos de dengue y “chikungunya”.

• Enfermedad de Chagas: Se transmite por insectos triatomineos hematófagos, principalmente en áreas rurales. Están expuestas aquellas personas que practican trekking, camping o utilizan viviendas de baja calidad.

Seguridad ciudadana

Según la información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, existe en el país una situación de inseguridad presente prácticamente en todo el territorio nacional de la República de El Salvador.

Los índices de criminalidad son muy elevados y las agresiones suelen implicar violencia desproporcionada. La legislación sobre la adquisición y tenencia de armas de fuego es mucho más permisiva que en España, por lo que la posesión de armas es generalizada.

En este sentido, conviene que el trabajador o trabajadora que vaya a ser desplazado/a al país extreme las medidas de precaución en todo momento. En primer lugar, es conveniente que una persona de confianza acuda al aeropuerto a recoger al trabajador. En cuanto al uso de taxis, se recomienda utilizar los que trabajen habitualmente con el hotel en el que vaya a alojarse el ciudadano español desplazado, negociando el precio de la carrera previamente al inicio del trayecto.

Se recomienda también evitar viajes y excursiones a lugares de difícil acceso, o a aquellos en los que la presencia policial sea escasa. En caso de llevar a cabo un viaje o desplazamiento de este tipo dentro del territorio nacional, conviene consultar a la Embajada de España en el país e informarle de su presencia en el lugar.

Otras recomendaciones:

• Evitar caminar por la vía pública, solo cuando sea estrictamente necesario.

• Evitar el uso de medios de transporte públicos, ya que presentan índices de siniestralidad altos y suelen ser frecuentes en ellos los asaltos.

• Llevar consigo en todo momento una fotocopia del pasaporte, dejando el original, así como los billetes de avión y otros objetos personales de valor, en la caja de seguridad del hotel o en otro lugar seguro de su residencia temporal.

• No llevar nunca encima grandes cantidades de dinero en efectivo.

• Evitar hacer ostentación de bienes de valor (relojes, joyas, carteras…etc.

• Evitar discusiones, trifulcas o cualquier otra situación similar con ciudadanos locales. En caso de ser víctima de un atraco, robo, asalto…no oponga resistencia bajo ningún concepto.

Zonas de riesgo en el país

• Zona de riesgo alto (deben ser evitadas): Calles del centro histórico de la capital, así como la periferia urbana, especialmente de noche. Fuera de la capital, no se debe viajar a aquellas zonas no frecuentadas por turistas, ni a zonas rurales alejadas de las principales vías de comunicación. Evitar también el centro histórico y el extrarradio de las ciudades de Santa Ana y San Miguel. También conviene extremar las medidas de precaución cuando se viaja por carretera al Departamento de Sonsonate (El Salvador) o a Guatemala por haberse reportado asaltos a vehículos.

• Zona de riesgo medio (tomar precauciones): Lugares de interés turístico como las Playas de la Libertad o Costa del Sol. Se han denunciado casos de asaltos en playas aisladas o en horas del atardecer, por lo que es recomendable regresar a los centros urbanos antes del anochecer. Para visitar el Centro Histórico (Catedral y Palacio Nacional) se aconseja ir acompañados por una persona local, sin portar objetos (cámaras, reloj, teléfono móvil…) que pueden llamar la atención y sin adentrarse por las callejuelas del Centro. Las excursiones a volcanes o parques naturales deben hacerse siempre con la debida organización y precauciones.

• Zonas de riesgo bajo: Áreas residenciales de la capital, que presentan niveles aceptables de seguridad ciudadana (Zona Rosa, Colonia San Benito, Paseo General Escalón…) especialmente durante el día. Aun así, conviene estar alerta y tomarlas precauciones anteriormente recomendadas.

Asistencia sanitaria en el viaje y destino

Si bien España y El Salvador no tienen firmado ningún Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social, el ciudadano español que se desplace de forma temporal a El Salvador podrá seguir sujeto al sistema asistencial español durante su estancia temporal en el país.

Este mantenimiento de la legislación española en materia de seguridad social, como la aplicable en los casos de desplazamientos temporales, se sustenta en el hecho de que ambos países, España y El Salvador, son países firmantes del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Este acuerdo internacional aplica a las siguientes prestaciones de carácter contributivo de la Seguridad Social:

• Prestaciones económicas de invalidez.

• Prestaciones económicas de vejez.

• Prestaciones económicas de supervivencia.

• Prestaciones económicas de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.

Aun así, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social no cubre la asistencia sanitaria en el país de destino. La excepción la constituyen los casos en los que el trabajador desplazado sufra un accidente o enfermedad profesional.

Teniendo en cuenta esta falta de cobertura en cuanto a la asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes, resulta muy aconsejable la contratación de un seguro médico de viaje que cubra los costes que puedan derivarse del tratamiento sanitario y asistencial que pueda requerir el trabajador.

Debido al pobre estado de los Hospitales de Beneficencia del país, donde se envían a los extranjeros sin cobertura sanitaria, y al elevado coste de las estancias hospitalarias y de los tratamientos médicos en Hospitales del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social y en los Centros Privados de Salud, se recomienda especial atención a las cláusulas contractuales del seguro. En este sentido, se recomienda que el seguro médico de viaje disponga, dentro de su paquete de cobertura, el reembolso de los gastos derivados de una posible repatriación del empleado al país de origen (España), dado su elevado coste.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la diferencia en cuanto a la calidad del servicio sanitario existente entre los hospitales públicos y privados del país, dicho seguro médico de viaje debería incorporar el derecho asistencial y de tratamiento en los centros privados del país.

En caso de que el trabajador deba acudir a un centro hospitalario en busca de tratamiento, conviene que lleve consigo dinero en metálico o tarjeta bancaria, puesto que determinados centros pueden exigir el pago por adelantado del tratamiento en cuestión. Posteriormente, el coste soportado por el trabajador es reembolsado por parte de la aseguradora.

Vacunaciones

Antes de iniciar un desplazamiento a la República de El Salvador, se deberá consultar las posibles vacunaciones obligatorias o recomendadas para dicho territorio.

Atendiendo a la información contenida en la base de datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España (MAEC), se recomienda la interposición de las siguientes vacunaciones.

Vacunas obligatorias

• Fiebre amarilla: Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros mayores de 1 año de edad procedentes de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. El certificado de vacunación frente a la Fiebre Amarilla es válido de por vida.

Vacunas recomendadas

• Tétanos-Difteria: Todas las personas deben tener actualizada la inmunización frente a tétanos difteria. Esta vacuna se recomienda a todos los viajeros con independencia del viaje, por ser una enfermedad de distribución mundial. La vacuna se administra en cualquier servicio o centro sanitario.

• Hepatitis A: Se recomienda esta vacuna, si no ha pasado la enfermedad ni se han vacunado con anterioridad.

• Hepatitis B: En función de las actividades de riesgo previstas de deberá valorar la recomendación de esta vacuna, si no ha pasado la enfermedad ni se han vacunado con anterioridad.

• Fiebre tifoidea: Se recomienda esta vacuna ya que el riesgo de contraer esta enfermedad está asociado a bajas condiciones higiénicas en relación con la preparación y manipulación de los alimentos, con el control de la calidad del agua de bebida y con aquellos lugares donde la eliminación de aguas residuales no se controla.

Estas vacunaciones deben ser administradas en uno de los Centro de Vacunación Internacional existentes en nuestro territorio nacional.

Riesgos psicosociales

El ordenamiento jurídico de El Salvador en materia de seguridad y salud laboral establece referencias concretas en cuanto a la protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales derivados del trabajo. Las principales disposiciones en la materia vienen establecidas en la Sección VI del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, del 27 de abril de 2012 (artículos 276 y siguientes).

Como obligación general atribuida a la figura del empresario, deberá tomar las medidas para prevenir, identificar, eliminar o reducir los riesgos psicosociales, debiendo los trabajadores que respetar y cumplir dichas medidas. A tales fines, el artículo 277 de la norma, especifica la necesidad de incorporar la consideración de los riesgos psicosociales dentro de las etapas de identificación, evaluación y control de los riesgos profesionales. En definitiva, el empresario está obligado a evaluar y controlar los riesgos psicosociales a los que puedan estar expuestos sus empleados.

En cuanto a las medidas preventivas que el empleador deberá adoptar para prevenir y controlar los problemas detectados, éstas deberán incluir al menos los siguientes tipos de acciones:

  • Medidas de gestión y comunicación destinadas a garantizar una apropiada adecuación entre el nivel de responsabilidad que ostentan los trabajadores y la capacidad de control que ostentan éstos sobre su trabajo.
  • Medidas orientadas a mejorar la organización del trabajo, los procesos y, en definitiva, las condiciones del entorno laboral.
  • Impartir formación a los jefes de distintas áreas de trabajo, así como a los trabajadores en general, con el fin de comprender las causas que originan este tipo de riesgos y la manera de detectarlos y abordarlos.

Por otra parte, otra de las responsabilidades atribuidas a la figura del empresario consiste en diseñar e implementar programas preventivos y de sensibilización sobre riesgos psicosociales, incluyendo acciones educativas impartidas por un experto en la materia. La regulación de este deber viene establecida en el artículo 55 del Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo

Estos programas de prevención y sensibilización frente a riesgos psicosociales no solamente incluirán aspectos formativos e informativos, debiendo contener además acciones en cuanto a la organización del trabajo: diseño de turnos, horarios, rotaciones, pausas, indicaciones sobre el ritmo de trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar…etc. De manera más específica, estos programas deberán contar como mínimo con una serie de medidas encaminadas a:

  • Minimizar los efectos negativos del trabajo monótono y repetitivo.
  • Conseguir unas relaciones laborales beneficiosas y respetuosas entre los integrantes de la plantilla.
  • Hacer participar a los trabajadores en la adopción de cambios en cuanto a aspectos relacionados con la organización del trabajo y que puedan incidir en la seguridad y salud de los trabajadores: sistema de turnos, rotaciones, trabajo nocturno, etc.
  • Sensibilizar sobre las causas y efectos de la violencia contra el colectivo de las mujeres, así como en materia de acoso sexual.
  • Recolectar propuestas en todos los niveles jerárquicos y ámbitos de la empresa, prestando especial atención a aquellas sugerencias que guarden relación con la gestión de los riesgos psicosociales.

 

Riesgos ergonómicos

A lo largo de la normativa de El Salvador relativa a la seguridad y salud en el trabajo, encontramos referencias explícitas en cuanto a la gestión de los riesgos de tipo ergonómico. De hecho, el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, del 27 de abril de 2012, dispone de una Sección que regula específicamente los riesgos ergonómicos en el trabajo. Ahora bien, si analizamos su contenido, vemos que las disposiciones que dicta son relativas a la protección de los trabajadores frente a los riesgos de vibraciones, considerados en el país como parte de la especialidad de la ergonomía laboral.

Si bien dicha Sección carece de más contenido, encontramos otras disposiciones relativas a la protección de los trabajadores frente a otros riesgos ergonómicos, como por ejemplo, la manipulación mecánica y manual de cargas (ver apartado 34).

La Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, así como los Reglamentos que desarrollan su contenido, también establecen disposiciones concretas relativas a la ergonomía. A modo de ejemplo, el artículo 30 de la Ley atribuye al empresario la obligación de “proporcionar a los trabajadores y trabajadoras las condiciones ergonómicas que correspondan a cada puesto de trabajo, tomando en consideración la naturaleza de las labores, a fin de que éstas se realicen de tal forma que ninguna tarea les exija la adopción de posturas forzadas que puedan afectar su salud”.

No se han encontrado, sin embargo, referencias concretas en cuanto a los requisitos aplicables a la gestión preventiva de los empleados que operen con pantallas de visualización de datos (PVDs).

Radiaciones ionizantes/no ionizantes

En El Salvador, la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición ocupacional a los riesgos radiológicos viene establecida en el Decreto nº 41 del, del 15 de marzo de 2000, por el que se dicta el Reglamento de Protección Radiológica.

Este Reglamento tiene por objeto establecer las obligaciones concernientes a la importación, exportación, producción, ensamblaje, comercialización, transporte, almacenamiento, uso, posesión y aplicación de las fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes, así como la gestión de los desechos radiactivos.

Su Capítulo V establece una serie de responsabilidades que la norma asigna a aquellos empresarios que vayan a efectuar una actividad con que exponga a sus trabajadores a los riesgos propios de la radiación ionizante. Se hace referencia al empresario como el “titular de la autorización”, puesto que toda persona jurídica que vaya a efectuar una actividad de este tipo deberá haber obtenido previamente una autorización por parte de la Dirección General de Salud, departamento que depende directamente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Tal y como dispone el artículo 57 del Reglamento de Protección Radiológica, el empresario o titular de la autorización será responsable de la protección y seguridad radiológica en el centro de trabajo en el que exista tal exposición, debiendo para ello:

a) Designar un responsable de la protección radiológica y ofrecerle el apoyo necesario para un correcto desempeño de sus funciones.

b) Proporcionar al personal los medios de protección, dosimetría, capacitación y todo otro elemento necesario para el cumplimiento de sus funciones en condiciones de seguridad.

c) Establecer medidas internas, tanto técnicas como organizativas, para la mejora de la seguridad de los trabajadores.

d) Avisar de inmediato a la Dirección General de Salud en caso de incidente o accidente, cuando en este suceso esté involucrada una exposición indebida o la pérdida de control sobre la fuente de radiación.

e) Cubrir los costes económicos derivados de los accidentes radiológicos.

f) Previamente a la contratación, solicitar el historial dosimétrico y otra información que pueda ser relevante para una adecuada protección de su salud.

g) En el caso de cierre de la instalación o actividad que genera la exposición a radiación, comunicar dicho cierre o fin d actividad a la Dirección General de Salud.

Amianto, PVC, Sílice

El ordenamiento jurídico de El Salvador en materia de seguridad y salud en el trabajo no contempla una regulación específica en cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición laboral al amianto.

La regulación que aplica a la gestión preventiva del amiento corresponde a la dispuesta para los residuos peligrosos, la cual se ubica dentro de la normativa en el Capítulo IV y V del Decreto Ejecutivo Nº 41, del 31 de marzo de 2000, por el que se aprueba el Reglamento Especial en materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos.

Tal y como dispone la norma, la responsabilidad en cuanto a la manipulación de residuos peligrosos, entre ellos el amianto, corresponde al titular de la actividad, obra o proyecto. Cualquier proceso de tratamiento de residuos peligrosos deberá realizarse preferentemente, y cuando ello sea posible, en el lugar de su generación.

Los residuos peligrosos incompatibles entre sí, deberán manipularse de forma segregada, con el fin de disponer de ellos en forma segura. Para cada desecho peligrosos deberá seleccionarse el tratamiento más adecuado, sea este físico, químico o biológico, o bien una combinación de los anteriores. En general, el tratamiento de un residuo peligroso se orientará a reducir su magnitud, a aislarlo y a disminuir sus grados de peligrosidad y toxicidad.

Además de estas obligaciones, todo empresario responsable de las actividades de gestión de residuos peligrosos está obligado a llevar un registro de sus actividades, con firma responsable, en el que deberá indicarse lo siguiente:

• Fecha, calidad, cantidad, características y grado de peligrosidad de los desechos peligrosos específicos;

• Fecha de salida y llegada, almacenamiento, origen, destino y motivo por el cual se recibieron o se entregaron los desechos peligrosos.

• Informe de incidentes o accidentes, el cual incluirá:

o Identificación, domicilio y datos precisos de la empresa generadora de los desechos peligrosos y de la responsable de su gestión;

o Indicación del volumen o cantidades en masa; características físicas, químicas y biológicas; grado de peligrosidad u otros datos de los desechos peligrosos involucrados;

o Medidas adoptadas, y por adoptarse, para controlar sus efectos adversos;

o Medidas de seguridad que deben ser difundidas y realizadas para atenuar los impactos negativos derivados de situaciones imprevistas.

• Lugar de confinamiento u otra forma de eliminación final, de los desechos peligrosos, incluyendo este apartado del registro:

o Volumen, masa, origen, características y grado de peligrosidad de los desechos peligrosos;

o Lugar y fecha de confinamiento;

o Sistemas de disposición final utilizados;

o Área ocupada por los desechos.

Además de estas obligaciones, el Reglamento también dispone otros requisitos que deberán cumplirse en cuanto al transporte y tratamiento de desechos peligrosos, entre ellos el amianto.

Agentes biológicos

La normativa salvadoreña en materia de seguridad y salud establece, en el artículo 271 y siguientes, del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, del 27 de abril de 2012, las obligaciones en cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos.

En aquellos lugares de trabajo en los que se manipulen de forma permanente y directa agentes biológicos, o donde por las materias primas que se usan o por las condiciones de trabajo puedan estar expuestos los trabajadores a riesgos biológicos, deberá establecerse un protocolo de evaluación del personal expuesto, así como un plan de evaluación y control de los factores de riesgo, que deberá incluir:

• Naturaleza de agentes biológicos a los que estén o puedan estar expuestos los trabajadores.

• Enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores y los efectos alérgicos y tóxicos que por exposición a agentes biológicos puedan derivarse de su actividad.

• Categorías de trabajadores que por su estado de salud no puedan exponerse o desempeñarse en puestos de trabajo con riesgo de exposición a agentes biológicos.

• Medidas de control y corrección a implantar.

• Medidas preventivas y particularmente vacunaciones a través de las instancias de salud que correspondan.

Adicionalmente a las medidas anteriores, en aquellos puestos de trabajo en los que se detecte que existe un riesgo grave de que los trabajadores afectados puedan contraer una enfermedad profesional o merma en el estado de salud fruto de la exposición, el empresario será responsable de poner en práctica las siguientes medidas:

1. Eliminar la exposición al agente biológico mediante la aplicación de procedimientos técnicos.

2. Cuando esto no resulte posible por la naturaleza del trabajo, el empleador deberá establecer procedimientos de trabajo seguros; debiendo estar éstos escritos, detallando las formas en las que se realizarán las operaciones y las medidas de prevención que deben emplear los operarios en la realización de las mismas.

3. Establecer las medidas para evitar la diseminación de agentes biológicos en los lugares de trabajo, a través de medios que eviten la formación de aerosoles y posibilidades de contaminación de superficies por manos y objetos.

4. Establecer prohibiciones de acceso al personal no autorizado para la realización de operaciones con riesgo biológico.

5. Implementar medidas de protección colectivas adecuadas, como por ejemplo cabinas de seguridad biológica, procedimientos específicos de desinfección, control eficiente de vectores, señalización de peligro biológico, adopción de medidas seguras de recepción, manipulación y transporte de agentes biológicos, etc.

6. Implementar medidas de protección individual (protección respiratoria, gafas de protección, pantallas faciales, ropa de trabajo, etc.

Vigilancia de la salud

Por otra parte, todo empresario que exponga a un trabajador a riesgos biológicos deberá garantizar una vigilancia adecuada y específica de su salud. Para ello, deberá organizarse un reconocimiento médico previo al inicio de la exposición y otros posteriores de forma periódica, a efectos de identificar de manera precoz cualquier afectación al estado de salud del empleado. Los resultados de los exámenes médicos deberán ponerse a disposición de los trabajadores.

Cuando exista riesgo de exposición a agentes biológicos para los que haya vacuna o tratamientos preventivos eficaces, éstos deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación. El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente y su aceptación de la misma deberá constar por escrito. Se conservará un historial médico de cada trabajador expuesto.

Registro documental

En cuanto a la documentación específica que el empresario deberá registrar, y que podrá ser requerida durante las visitas por parte del cuerpo inspector de condiciones de trabajo, el empresario deberá registrar documentalmente lo siguiente:

• Estudio de evaluación del riesgo biológico.

• Listado de trabajadores expuestos.

• Historial médico con los resultados de las pruebas practicadas y reconocimientos practicados de cada trabajador expuesto.

• El empleador deberá conservar esta documentación a disposición de la autoridad competente.

Agentes físicos (ruido, vibraciones, temperatura…)

Ruido

En El Salvador, la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido ocupacional viene legalmente dispuestas en el artículo 149 y siguientes del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012.

En cuanto a la evaluación del ruido, la norma dispone que debe realizarse bajo condiciones normales de operación, debiendo ser representativa de una jornada laboral de ocho horas y disponiendo el peor escenario posible (es decir, eligiendo una jornada en el que se prevea un nivel de exposición mayor, el cual será el escogido como representativo).

En los casos en los que se realicen mediciones en exteriores, o en interiores en los que pueda haber circulación de aire, deberá disponerse una pantalla contra viento cerca del aparato de medición, a fin de que los niveles de ruido obtenidos provengan exclusivamente de las fuentes del trabajo.

La exposición ocupacional a ruido estable o ruido fluctuante deberá ser controlada de modo que, para una jornada de 8 horas diarias, ningún trabajador podrá ser expuesto a un nivel de presión sonora continua equivalente superior a 85 dB(A), medidos en la posición del oído del trabajador (a una distancia no mayor a 30 centímetros de su zona auditiva).

Asimismo, en los casos en los que el tiempo de exposición esté claramente definido y sea inferior a 8 horas, podrán admitirse niveles de exposición mayores a 85 dB (A), respetando los límites que aparecen en la tabla del Reglamento.

Vibraciones

La misma norma establece también los requisitos para la evaluación y control de la exposición a vibraciones, tanto de mano-brazo como de cuerpo entero (artículos 167 y siguientes).

En la exposición a vibraciones de cuerpo entero, la aceleración vibratoria recibida por el individuo deberá ser medida en la dirección apropiada de un sistema de coordenadas ortogonales (x,y,z) tomando como punto de referencia el corazón.

Los requisitos a cumplir por el empleador en el ambiente de trabajo serán:

o Las vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de origen, tratando de aminorar su propagación en los locales de trabajo.

o El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan vibraciones se realizará con la técnica más eficaz, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico.

o Las máquinas, herramientas que originen vibraciones, tales como martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras o similares deberán estar provistas de horquillas u otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio, (cinturón, guantes, almohadillas, botas).

o Las máquinas operadoras automóviles como tractores, excavadoras o análogas que produzcan trepidaciones y vibraciones estarán provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores serán provistos de equipo de protección personal adecuado, como fajas, guantes y demás.

Agentes químicos

En El Salvador, los requisitos en cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos vienen dispuesta, de forma general, en la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, y de forma mucho más desarrollada, en el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012.

Tal y como dispone en el artículo 51 de la Ley, en todo lugar de trabajo se debe disponer de un inventario en el que figuren todas las sustancias químicas existentes, clasificadas en función del tipo y grado de peligrosidad. Además, en cada lugar de trabajo se deberá contar con las hojas de datos de seguridad, en idioma castellano, de todas las sustancias químicas que se utilicen y que presenten riesgos de radiación, inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, oxidación, inestabilidad o cualquier otro tipo de peligro para la salud.

Por otra parte, los depósitos que contengan productos químicos que presenten riesgos de radiación, inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, oxidación e inestabilidad deben ser adecuados y disponer de etiquetas con información clara y legible, en idioma castellano, sobre los cuidados a observar en cuanto a su uso, manipulación, almacenamiento, disposición y medidas para casos de emergencias. Los fabricantes, importadores, distribuidores, almacenadores y transportistas de productos químicos tendrán la obligatoriedad de proporcionar dicha información de acuerdo a lo estipulado en el reglamento específico.

Toda información referente a los cuidados a observar en cuanto al uso, manipulación, almacenamiento, disposición y medidas para casos de emergencia de sustancias químicas, debe ser accesible y comunicada a los trabajadores mediante sesiones formativas impartidas por personal calificado, dándoles a conocer los riesgos, posibles efectos en la salud y medidas preventivas que deberán adoptarse a efectos de eliminar o controlar dichos riesgos.

Cuando el proceso productivo implique la exposición de uno o más trabajadores a una sustancia peligrosa para su salud, el empresario deberá adoptar las medidas adecuadas que garanticen la salud de los trabajadores. Si la sustancia representa un peligro grave, el empleador deberá sustituirla por una menos peligrosa.

Además de estas obligaciones generales, la Sección IV del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, dispone una extensa regulación en cuanto a la gestión preventiva de los riesgos derivados de la utilización, manipulación, transporte, envasado…de agentes químicos.

Tal y como dispone el artículo 182, el empresario deberá velar por que se llevan a cabo las mediciones periódicas necesarias que indiquen si se está superando o no el promedio ponderado de la concentración ambiental del determinado contaminante. El límite permisible ponderado (LPP) vendrá reflejado en la hoja de datos de seguridad del producto en cuestión. No podrá superarse dicho nivel más de 4 veces dentro de una jornada, ni más de una vez por cada hora de trabajo.

En aquellos casos en los que existan en el ambiente de trabajo dos o más sustancias y actúen sobre el organismo de igual manera, su efecto combinado se evaluará sumando las fracciones de cada concentración ambiental divididas por su respectivo límite permisible ponderado, no permitiéndose que esta suma sea mayor que 1. Si la acción de cada una de estas sustancias fuera independiente de las otras o cuando actúen sobre órganos diferentes, deberán evaluarse independientemente respecto a su límite permisible ponderado.

Todo empresario que haga uso de agentes químicos deberá velar por el efectivo cumplimiento de las siguientes medias de seguridad:

  1. a) No utilizar las sustancias químicas hasta obtener la información pertinente del proveedor o de otras fuentes razonablemente disponibles, respecto de los riesgos que estos productos impliquen para la salud y seguridad de los trabajadores.
  2. b) No utilizar las sustancias químicas que no hayan sido etiquetadas o marcadas convenientemente y para los cuales no se han proporcionado las hojas de datos de seguridad.
  3. c) No utilizar las sustancias químicas hasta que los trabajadores hayan recibido la información y capacitación necesaria para el uso y manejo correcto de estos productos.
  4. d) Mantener el inventario de todos los productos peligrosos utilizados en el lugar de trabajo,
  5. e) Para operaciones puntuales o en los casos que las medidas de control sean insuficientes, el empleador suministrará equipo adecuado de protección personal. f) Realizar una supervisión adecuada de la aplicación de las medidas de control estipuladas para la seguridad en el uso de estas sustancias.
  6. g) Asegurar que el plan de emergencia y evacuación que deba tenerse en el lugar de trabajo, contenga las disposiciones para hacer frente a todo incidente y/o accidente que se produzca en relación con productos químicos, en el caso de una exposición accidental a los mismos, una emisión involuntaria, un incendio o una explosión; con el fin de garantizar una vía rápida de salida del personal del lugar de trabajo y un eficiente control e intervención de emergencia.
  7. h) Garantizar mediante medidas de control técnico, que la exposición de los operarios a los productos químicos que manipulen no suponga ningún riesgo para su salud.

En cuanto al inventario de sustancias químicas mencionado anteriormente, éste deberá contener como mínimo lo siguiente:

– Nombre químico.

– Fórmula química.

– Tipo de peligrosidad: corrosivo, inflamable, etc.

– Número de identificación CAS.

– Presentaciones en las que se encuentra la sustancia.

– Concentración de la sustancia por cada presentación.

– Cantidad de la sustancia en unidades de peso o volumen, según competa.

– Número de lote de fabricación.

Además de lo aquí comentado, esta norma dispone también las obligaciones en clave de prevención que deberán cumplirse a efectos de proteger a los trabajadores frente a los efectos sobre la salud que puedan originarse con motivo de la exposición a este tipo de sustancias:

  • Transporte de químicos: Artículos 195-199
  • Almacenamiento de sustancias químicas: Artículos 200-209
  • Gestión de residuos y procesos de descontaminación: Artículos 210-212
  • Obligaciones de los trabajadores: Artículo 215
  • Capacitación del personal: Artículos 216-218
  • Instalaciones para la higiene personal: Artículos 219-221.
  • Normas de etiquetado: Artículos 222-226.
  • Hojas de Seguridad de Datos: Artículo 227.
  • Equipos de protección individual: Artículos 228-229.

La Sección IV del mismo Reglamento también establece disposiciones en cuanto a medidas de control de la exposición, aspectos que deberán ser informados a la plantilla expuesta, primeros auxilios, especificaciones en cuanto a productos agroquímicos y otras especificaciones.

 

Pantallas de visualización de datos

No se han encontrado a lo largo del contenido de la normativa salvadoreña en materia de seguridad y salud especificaciones en cuanto a la gestión de los riesgos asociados al uso de pantallas de visualización de datos.

Manipulación manual de cargas

La normativa de El Salvador en materia de seguridad y salud laboral dispone en su Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012, los requisitos que deberán cumplirse para que la manipulación manual de cargas se efectúe en unas condiciones seguras para el trabajador. Estas obligaciones vienen dispuestas en la Sección I del Capítulo III de la norma (artículos 81 y siguientes).

Para determinar qué es lo que entiende la normativa por carga, se define como aquélla cuyo peso sobrepase las 7 libras (3,2 kilogramos).

A efectos de evaluar y establecer las medidas y acciones preventivas destinadas a proteger al trabajador frente a los riesgos derivados de la manipulación manual, el empresario es responsable de velar por que se llevan a cabo las siguientes pautas:

• Elección y adopción de un método o técnica (NIOSH, INSHT, otras) para la evaluación del riesgo.

• El método o técnica utilizada deberá contemplar todos aquellos factores que pueden influir de forma negativa en la seguridad y salud del trabajador o trabajadora que soporta la carga.

• El respectivo estudio deberá actualizarse anualmente a partir de su realización o si hubiere cambio en las variables consideradas.

En cuanto a la determinación del peso máximo de carga, la norma no establece un peso concreto, sino que vendrá determinado por los resultados obtenidos en la fase del análisis previamente realizado. Una vez el peso máximo se ha determinado, deberán aplicarse las medidas destinadas a controlar o eliminar los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas.

Por otra parte, aquellos trabajadores que realicen operaciones de manipulación manual de cargas deberán ser debidamente instruidos sobre los métodos seguros para el empuje, arrastre, manipulación…de objetos y materiales.

Además de estas obligaciones, existen otras contenidas en la misma sección y que hacen referencia a la manipulación manual de cargas con medios mecánicos. El empresario deberá promover el uso de medios mecánicos para la manipulación, debiendo realizarla de forma manual como último recurso.

Equipos de protección individual

Las obligaciones generales atribuidas a la figura del empresario en cuanto a la puesta a disposición de la plantilla de los equipos de protección individual vienen legisladas genéricamente en el artículo 38 y siguientes de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010.

En esta norma se dispone el deber del empresario de proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, así como ropa de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios, conforme a la naturaleza del trabajo a realizar y riesgos que de él se deriven, atendiendo además a la condiciones físicas y fisiológicas del usuario (trabajador). Asimismo, el empresario deberá velar por el buen uso y mantenimiento de los EPIS.

En cuanto al trabajador, estará obligado a cumplir con las instrucciones del empleador adoptadas en el marco de la normativa aplicable, en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que le sea suministrado, a las operaciones y procesos de trabajo y al uso y mantenimiento de los EPIS y otros equipos.

En desarrollo a estas responsabilidades generales, el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012, establece en su artículo 89 y siguientes disposiciones adicionales en cuanto al uso de estos equipos de protección individual, obligando al empresario a:

• Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios.

• Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección personal, de acuerdo al análisis de riesgos para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.

• Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección personal que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.

• Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto por el fabricante, en base a norma aplicada del equipo.

• Brindar la capacitación respectiva para el uso efectivo del equipo de protección personal a utilizar.

Requisitos que deberán cumplir los EPIS:

1. Proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos el ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias.

2. Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.

3. Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.

4. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.

5. Cumplir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.

Por último, a efectos de garantizar la efectividad y tiempo de vida útil de los equipos de protección individual, el empresario es responsable de velar por el efectivo cumplimiento de los siguientes requisitos:

• La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza y la desinfección cuando proceda, de los equipos de protección personal, deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

• Deberán señalizarse las zonas en las que se requiera el uso de equipo de protección personal específico.

• El equipo de protección personal deberá ser utilizado por todas las personas que ocupen los lugares en los que se requiera, aunque no laboren en el mismo, incluyendo personal externo y visitas. Equipo de protección personal ante los riesgos eléctricos

Máquinas específicas

Además de las obligaciones y requisitos aplicables a los equipos de trabajo en general, el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012, dispone también algunas disposiciones que aplican de forma específica a determinados equipos de trabajo que vayan a ser utilizados en trabajos eléctricos:

Herramientas y equipos en trabajos eléctricos (art. 72)

Las herramientas para operar en líneas eléctricas deberán ser las adecuadas, de acuerdo al tipo de tensión. Bajo ningún concepto deberán quebrantarse las especificaciones dispuestas por el fabricante para su uso, así como tampoco utilizar dichas herramientas para un uso distinto al fin para el que fueron concebidas.

Equipos de elevación (art. 73)

Los equipos de elevación que se utilicen para trabajar en líneas eléctricas deberán disponer de una góndola aislada y contar con conexión a tierra. Estos equipos deberán ser operados por personal debidamente capacitado y autorizado para ello. No se podrán utilizar máquinas defectuosas o en mal estado.

Grúas (art. 75)

Cuando se empleen vehículos dotados de grúas, el conductor deberá verificar toda condición insegura o acto inseguro, realizando una evaluación de seguridad previamente a la ejecución de los trabajos.

Por otra parte, la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, establece en su artículo 72 disposiciones específicas aplicables a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del uso de generadores de vapor y equipos a presión.

En este sentido, todo empresario que emplee en el centro de trabajo uno o más equipos de este tipo deberá asegurar un adecuado mantenimiento de los generadores de vapor y recipientes sujetos a presión. A efectos de garantizar el cumplimiento efectivo de dicho requisito, el empresario está obligado a presentar a la Dirección General de Previsión Social un informe pericial en el que se deje constancia del buen funcionamiento del equipo, según la naturaleza del proceso.

En cuanto a los requisitos específicos en referencia a los aspectos técnicos relativos a las medidas de seguridad en la instalación, operación, inspección y mantenimiento de los generadores de vapor y recipientes sujetos a presión, dichas obligaciones vienen contempladas en su regulación específica: Reglamento para la Verificación del Funcionamiento y Mantenimiento de Generadores de Vapor.

Equipos de trabajo

La regulación en cuanto a los requisitos que deberán cumplir los equipos de trabajo, a efectos de proteger la seguridad y salud de los trabajadores que con ellos operan, viene dispuesta de forma general en el Capítulo III de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010.

Tal y como establece el artículo 39 de la Ley, cuando se utilice maquinaria o equipos de trabajo que impliquen un riesgo para sus operarios, deberá capacitarse previamente al trabajador o trabajadora expuesta a los riesgos derivados de su utilización. Además, será obligación del empresario proveer el equipo de protección adecuado para la maquinaria o equipo de que se trate, debiendo también crear procedimientos de trabajo que ayuden a prevenir los mencionados riesgos.

Los equipos de trabajo utilizados en la empresa deberán recibir mantenimiento constante para prevenir los riesgos de mal funcionamiento y contarán además con una programación de revisiones y limpiezas periódicas.

Los equipos de trabajo solo podrán ser utilizados por el personal que haya recibido formación específica en cuanto al uso, mantenimiento, limpieza, reparación, etc. de estos equipos.

Además de estas obligaciones de carácter general, la Sección V del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, del 27 de abril de 2012, dispone otros requisitos adicionales que deberán ser diligentemente cumplidas por parte del empresario:

• Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que permita su correcto montaje y una operación segura.

• El empleador adoptará las medidas necesarias para que las máquinas y aparatos de trabajo que se pongan a disposición de las trabajadoras y trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, incluyendo los principios ergonómicos aplicados al puesto de trabajo.

El artículo 69 del Reglamento dispone la obligación de colocar protecciones y resguardos que permitan la protección colectiva de los riesgos propios del equipo de trabajo. La colocación de resguardos de la maquinaria deberá efectuarse siguiendo los siguientes requisitos:

• Las protecciones, resguardos, apantallamientos… colocados en los equipos de trabajo y máquinas deberán constituir parte integrante de los mismos, siempre y cuando esto sea posible.

• Su ubicación no interferirá en el proceso productivo habitual.

• Los medios de protección colectiva no podrán limitar o reducir el campo visual de los operarios que manipulen el equipo.

• No exigirán al trabajador posiciones ni movimientos forzados para poder manipular o utilizar el equipo.

• No propiciarán la aparición de otros riesgos por sí mismos.

En aquellos casos en los que no sea posible apantallar o resguardar un elemento móvil de la maquinaria, o éstos no puedan quedar del todo protegidos, se asume el deber del empresario de velar por que se diseñan e implementan procedimientos de trabajo específicos para el uso del equipo, además de poner a disposición de los trabajadores expuestos los equipos de protección individual destinados a minimizar los riesgos de atrapamiento, golpes y otros derivados del uso de la máquina.

En cuanto a las operaciones de mantenimiento que deban realizarse en los equipos, las protecciones con las que cuente el equipo en cuestión deberán ser mantenidas, según las especificaciones indicadas por el fabricante. Para cada uno de los equipos con los que cuente el empresario en el centro de trabajo, deberá establecerse un programa de mantenimiento preventivo, pudiendo ser realizado el mantenimiento, tan solo por el personal instruido para la realización de estas operaciones.

La Sección V de la norma también dispone los requisitos en materia de seguridad que deberán cumplirse en cuanto a la colocación de materiales y accesorios, transmisiones por correa, engranajes, mecanismos de fricción, tableros de control de los equipos, dispositivos de parada de emergencia, dispositivos de alarma y señalización.

ATEX

En El Salvador, la regulación en cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo en atmósferas explosivas viene establecida en el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, del 27 de abril de 2012 (artículo 301 y siguientes).

La norma dispone una serie de medidas que deberán ser implementadas en aquellos lugares de trabajo donde se almacenen, manejen, procesen o se utilicen sustancias inflamables, siendo responsabilidad del empresario:

1. Identificar la zona en particular y comunicar a las trabajadoras y trabajadores acerca de ello.

2. Prohibir que cualquier persona use cualquier tipo de llama, incluyendo cigarrillo.

3. Tomar medidas necesarias tendientes a evitar la generación de electricidad estática.

4. No usar equipos de calefacción u otras fuentes de calor.

5. Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación será antiexplosiva.

6. Evitar el ingreso de motores de combustión interna.

7. Mantener la temperatura adecuada para evitar la ignición de la sustancia explosiva.

En el caso de que en el mismo centro de trabajo donde existen este tipo de atmósferas, existan otros lugares de trabajo donde se generan chispas u otros focos de ignición, ambos lugares o secciones deberán estar situadas, como mínimo, a 15 metros de distancia respectivamente.

Por otra parte, aquellas atmósferas explosivas en las que se requiera un sistema de ventilación forzada para evacuar el agente explosivo, deberá emplearse un sistema antideflagrante para evitar cualquier ignición.

Todo operario que vaya a realizar trabajos en una atmósfera explosiva, deberá estar debidamente cualificado y deberá seguir el procedimiento de seguridad establecido por parte de la empresa

A efectos de proteger al trabajador frente a los riesgos de la electricidad estática, el empresario deberá además aplicar las siguientes medidas:

Para evitar peligros por electricidad estática y especialmente que se produzcan chispas en atmósferas explosivas, se adoptarán las siguientes medidas y criterios:

1. Se prohíbe realizar trabajos cuando la humedad relativa del aire sea mayor del 50% – 60%.

2. Las cargas de electricidad estática que puedan acumularse en los cuerpos metálicos serán neutralizadas por medio de conductores a tierra. Especialmente se efectuará esta conexión a tierra en los ejes de las transmisiones a correas y poleas.

3. En los objetos metálicos que se pintan o barnicen con pistola de pulverización, estas pistolas se conectan a tierra.

4. Se debe evitar o eliminar en su caso, el proceso de fricción en lo que sea posible, evitando lo que produzca pulverización, aspersión o caída libre.

Espacios confinados

En El Salvador, las obligaciones generales en cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo en espacios confinados vienen normativizados en el artículo 294 y siguientes del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, del 27 de abril de 2012.

Esta norma entiende por espacio confinado todo espacio de trabajo con aberturas limitadas y ventilación natural desfavorable, en el que puedan acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, así como producirse una pérdida en los niveles de oxígeno hasta el punto de suponer un peligro para la seguridad y salud los trabajadores que operen en este tipo de espacios. Algunos ejemplos de espacios confinados indicados por la propia norma: depósitos, pozos, silos, furgones, alcantarillas, túneles, fosas…y similares.

En cuanto a las obligaciones del empresario, éste es legalmente responsable de la ejecución segura de los trabajos que vayan a realizarse en espacios confinados. Para ello, deberá diseñar e implementar una serie de medidas preventivas:

  1. Emisión de permisos de trabajo para actividades en espacios confinados. Estas autorizaciones serán emitidas por el delegado de prevención con el que cuente la empresa.
  2. Elaboración de un procedimiento de trabajo.
  3. Elaboración de un procedimiento de rescate.
  4. Entrega a los trabajadores que vayan a efectuar una actividad en este tipo de espacios de los equipos de protección individual necesarios para la protección de su seguridad y salud.
  5. Garantizar que el personal que vaya a efectuar trabajos en espacio confinados está debidamente formado para ello.

Previamente al inicio de los trabajos en espacios confinados, un profesional del área de seguridad y salud deberá asegurar, a través de un equipo de medición directa, que la atmósfera del espacio confinado presenta unos niveles de oxígeno aceptables.

Una vez iniciados los trabajos en este tipo de espacios, éstos deberán ser supervisados de forma permanente por al menos un miembro del equipo de rescate.

Especificaciones en cuanto a la limpieza o reparación en espacios confinados que hayan contenido previamente productos químicos, combustibles o inflamables

  • Antes del inicio de los trabajos, se garantizarán por escrito las condiciones de seguridad en que se efectuarán los trabajos, por medio del respectivo permiso de trabajo para el espacio confinado.
  • Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de un técnico o supervisor competente en la materia, o bien de un delegado de prevención.
  • Previamente al inicio de los trabajos, deberán ser eliminados los residuos combustibles y comprobados los niveles de explosividad, cantidad de oxígeno en la atmósfera y la ausencia de sustancias tóxicas. Estas mediciones serán hechas por el técnico o supervisor competente o delegado de prevención, quien certificará que el espacio confinado cumple con unos requisitos de seguridad para el trabajador o trabajadora adecuados.
  • El nivel de explosividad, antes y durante los trabajos, no superará el 10% del límite inferior de explosividad. El porcentaje de oxígeno en la atmósfera del espacio confinado se deberá mantener entre el 20% y 22%, o el que corresponda a la altura local. Las sustancias tóxicas en el aire deberán estar por debajo de sus niveles permisibles. Estas mediciones deberán realizarse con el instrumento de medición adecuado y debidamente calibrado, utilizándose de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
  • Al comienzo de los trabajos, deberá de efectuarse el aislamiento del espacio confinado, mediante la desconexión de tuberías de combustible e instalaciones auxiliares. En el supuesto de que el aislamiento se efectuara mediante válvulas, se adoptarán las medidas necesarias para que una vez cerradas, no puedan abrirse posteriormente (enclavamiento). Esta actividad deberá ser llevada a cabo por un operario debidamente formado para la ejecución de esta tarea.
  • Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben de adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los riesgos existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos.
  • Las cubiertas de los tanques se abrirán aplicando las precauciones necesarias para evitar la producción de chispas, debiendo utilizar herramientas antideflagrantes.
  • Durante el tiempo que duren los trabajos en el interior de un espacio confinado, un ayudante permanecerá en el exterior y acudirá al auxilio del trabajador cuando sea necesario.
  • Los operarios usarán calzado cerrado, sin partes metálicas y con puntera reforzada, para evitar los deslizamientos, golpes y producción de chispas. Asimismo, las prendas de vestir no podrán contener partes metálicas.
  • El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones de almacenamiento y trasiego, serán realizadas de forma que no se produzcan derrames de combustibles.
  • Durante la realización de los trabajos en el espacio confinado, se asegurará la evacuación de los gases y humos producidos en los trabajos mediante un sistema de extracción local. En caso de no ser posible, y como último recurso, los operarios deberán estar protegidos mediante el uso de un equipo de protección respiratoria.
  • Cuando se realicen trabajos de soldadura u oxicorte se procederá la realización de los mismos habiendo previamente comprobado la ausencia de vapores o líquidos inflamables. Los cilindros de oxígeno y acetileno o el equipo de soldadura eléctrica deberán permanecer en el exterior del espacio confinado

 

Instalaciones eléctricas

Los requisitos que deberán cumplir las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la seguridad y salud de los trabajadores que con ellas operan vienen reguladas en El Salvador por la Sección IV del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012.

A lo largo de dicha Sección, se disponen los requisitos que deberán cumplir los diversos elementos que componen las instalaciones eléctricas, estando ubicados de este modo dentro de la norma:

• Conductores: Artículos 22-28.

• Pararrayos: Artículo 29.

• Interruptores: Artículos 30-33.

• Tableros eléctricos: Artículos 34-37.

• Motores: Artículos 38-41.

• Transformadores y subestaciones: Artículos 47-53.

La norma también dispone las medidas de seguridad que deberán contemplarse en los trabajos que deban realizarse sobre elementos eléctricos o en las proximidades de los mismos. En este sentido, se incide sobre la obligación de mantener una distancia mínima de seguridad para evitar que ocurran daños personales y materiales por contacto de líneas eléctricas energizadas con personas, equipos, instalaciones o superficies.

Las distancias mínimas de seguridad a partes energizadas descubiertas de las partes energizadas que operen a una tensión o voltaje mayor de 150 voltios a tierra, sin recubrimiento aislante adecuado, deberán protegerse de acuerdo con su tensión contra el contacto accidental de personas, ya sea que se usen resguardos especiales o bien localizando las partes energizadas respecto a los sitios donde pueden circular o trabajar personas, a una altura y con una distancia horizontal igual o mayor que las indicadas en la Tabla que figura en el artículo 58 de la norma.

La norma también dispone una tabla en el artículo siguiente sobre las alturas mínimas de las que deberán disponer los conductores y las medidas de seguridad que deberán contemplarse en aquellos locales de trabajo que dispongan de baterías de acumuladores, por un lado, o bien de baterías de ácido, por otra parte.

Locales e instalaciones de incendios

En El Salvador, la regulación aplicable a las instalaciones de incendios de las que deberán estar dotados los centros de trabajo, a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, vienen definidas en la Sección IV del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, del 27 de abril de 2012, “Sistemas de Prevención de Incendios (artículos 117 y siguientes).

De forma general, el artículo 117 establece que todos los dispositivos de protección, detección, alarma y extinción de incendios se mantendrán en buen estado de utilización, debiendo evitar situaciones que pudieran obstruir o dificultar un acceso rápido y fácil a estos equipos por parte del personal de la empresa.

Por otra parte, el empresario deberá asegurar que, de forma periódica y con la frecuencia oportuna, se efectúan las revisiones y pruebas adecuadas a cada uno de los dispositivos de protección y lucha contra incendios de los que disponga el establecimiento.

Tal y como dispone el artículo 119, los locales de trabajo deberán contar siempre con el tipo y cantidad de agente extintor adecuados, en función del tipo de fuego que pudiera generarse y su correspondiente clasificación:

• Clase A: Son los fuegos en materiales combustibles comunes como madera, tela, papel, caucho y muchos plásticos.

• Clase B: Fuegos de líquidos inflamables y combustibles, grasas de petróleo, alquitrán, bases de aceites para pintura, solventes, lacas, alcoholes y gases inflamables.

• Clase C: Son los fuegos que involucran equipos eléctricos energizados.

• Clase D: Son los fuegos en metales combustibles como Magnesio, Titanio, Circonio, Sodio, Litio y Potasio.

• Clase K: Fuegos en aparatos de cocina que involucren un medio combustible para cocina (aceites minerales, animales y grasas).

Requisitos específicos relativos a los extintores portátiles

Los extintores portátiles deberán mantenerse siempre cargados (en caso de hacer uso de ellos deberán ser repuestos por parte de la empresa externa) y en condiciones aceptables de operación.

En cuanto a su ubicación, deberán estar éstos colocados siempre en el lugar designado, debiendo cada uno de ellos contar con indicaciones, en castellano, sobre la siguiente información:

• La naturaleza del agente extintor.

• Modo de empleo.

• Capacidad (libras).

• Placa de fábrica.

• Fecha de revisión. Instalación de Extintores portátiles

En cuanto a la altura a la que deberán ser instalados los extintores portátiles (desde la superficie del suelo hasta la parte superior del agente extintor), deberán respetarse la siguiente correlación:

• Peso menor de 40 libras: Entre 1,20 y 1,50 metros.

• Peso igual o superior a 40 libras: Altura no mayor a 1 metro.

En ningún caso, la distancia entre la superficie del suelo y la parte inferior del extintor podrá ser inferior a 10 centímetros

En cuanto a las distancias máximas que deberán poder existir entre los diversos extintores portátiles presentes en el centro de trabajo, éstas dependerán de la clase de fuego que pueda generarse en la empresa:

• Fuego clase A: 25 metros hasta el extintor.

• Fuego clase B: 15 metros hasta el extintor.

• Fuego clase C: 25 metros hasta el extintor.

• Fuego clase D: 25 metros hasta el extintor.

• Fuego clase K: 10 metros hasta el extintor.

Por último, todo extintor portátil, así como el resto de medios de protección y lucha contra incendios, deberán estar debidamente señalizados, no pudiendo anteponer materiales, objetos…que pudieran limitar la visibilidad de la señalización de seguridad

Lugares y locales de trabajo

En El Salvador, los requisitos atribuibles a los lugares de trabajo en cuanto a las condiciones sanitarias y de salubridad que deberán cumplir vienen regidas de forma general en el Título V de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010. Estos requisitos vienen posteriormente desarrollados en el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012. Para una mayor cohesión del presente apartado, se han aunado los requisitos contenidos en ambas normas.

Servicios de agua potable

Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de agua potable suficiente para la bebida y el aseo personal, el cual debe ser permanente, debiéndose además, instalar bebederos higiénicos. El abastecimiento de agua potable deberá cumplir con lo siguiente:

1. Ser fácilmente accesible a todos los trabajadores y trabajadoras, estando distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.

2. Señalizar aquellos puntos de suministro de agua que no sea potable.

3. Llevar a cabo un estudio técnico que pruebe la calidad y composición del agua, cuando así lo requieran las autoridades sanitarias o el cuerpo inspector de la autoridad laboral.

4. Prohibir el uso común de vasos u otros utensilios para la bebida del agua, debiendo además proveer los medios higiénicos suficientes para evitar tal práctica.

Servicios sanitarios

La Ley entiende por servicios sanitarios inodoros o retretes, urinarios, lavamanos, baños y duchas. Todo lugar de trabajo deberá estar provisto de servicios sanitarios para hombres y mujeres, los cuales deberán ser independientes y separados, en la proporción que se establezca en el Reglamento que desarrolla la Ley.

Estas proporciones a las que hace referencia la norma son las siguientes:

• Lavamanos:

o Establecimientos con 100 trabajadores o menos, 1 lavamanos por cada 15 trabajadores o fracción mayor de 5.

o Establecimientos con más de 100 trabajadores, 1 1avamanos por cada 20 trabajadores o fracción mayor de 10.

El área de lavamanos deberá estar provista de jabón, además, para el secado efectivo se deberá proveer de al menos uno de los siguientes elementos: toallas individuales, secadores de aire caliente, toalleros semiautomáticos o toallas de papel, existiendo recipientes adecuados para depositar el material usado.

• Inodoros:

o Cuando el total de trabajadoras y trabajadores sea menor de 100, se dispondrá por lo menos de un inodoro por cada veinte hombres y de uno por cada quince mujeres.

o Cuando el total de trabajadoras y trabajadores sea mayor o igual a 100, deberá instalarse un inodoro adicional por cada veinticinco hombres y uno por cada veinte mujeres más.

En las instalaciones de trabajo existirán inodoros de descarga y dispondrán siempre de papel higiénico. Se instalarán independientes para hombres y mujeres y con recipientes adecuados para los desechos. Se deberá mantener libre acceso a todos los trabajadores y trabajadoras dentro de su jornada laboral.

• Urinarios:

o En establecimientos de 100 trabajadores o menos, habrá un urinario por lo menos; y uno más por cada 50 hombres o fracción mayor de 25.

o En establecimientos con más de 100 trabajadores, habrá uno por cada 70 o fracción mayor de 35 (en tal caso, por cada urinario suministrado podrá eliminarse un inodoro o retrete para hombres, si bien no está permitido reducir tal número hasta que éste suponga un tercio del total especificado.

En aquellos centros de trabajo en los que se trabaje por sistema de turnos, el número de trabajadores que se tendrá en cuenta para la instalación de servicios higiénicos será el máximo de trabajadores que estén empleados en un mismo turno. Los inodoros deberán instalarse aislados de las áreas de trabajo, pero no a más de 400 metros de recorrido para acceder a ellos.

Además de poner a disposición de sus empleados estas instalaciones sanitarias, el empresario deberá velar por que éstas y todos los lugares de trabajo que configuran el centro o establecimiento cuentan con unas condiciones aceptables de orden y limpieza, siguiendo las disposiciones legales establecidas a tales efectos (Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, artículo 59 y siguientes).

Locales e instalaciones

En El Salvador, los requisitos generales que deben reunir los locales de trabajo e instalaciones vienen dispuestos en el Título III de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010. Ahora bien, la mayoría de estas disposiciones tienen un tratamiento bastante general y remiten a los Reglamentos que desarrollan la norma. Por este motivo, se desarrollan a continuación los requisitos específicos dispuestos en el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobado mediante el Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012.

Seguridad estructural

Todas las edificaciones, sean éstas permanentes o provisionales, deberán ser de construcción segura y firme que permita evitar los riesgos derivados del desplome de los elementos del edificio, así como de los que pudieran derivarse de condiciones atmosféricas adversas.

A tales efectos, los cimientos, pisos, paredes… y demás elementos de los edificios ofrecerán una resistencia suficiente para sostener con seguridad las cargas para los que han sido calculados.

Superficies mínimas

  • Altura: Dos metros y cincuenta centímetros (2.50) de altura desde el piso al techo. No obstante, en los establecimientos comerciales, de servicios y locales destinados a oficinas y despachos, la altura mínima podrá quedar reducida hasta dos metros y veinte centímetros (2.20) y siempre que exista una circulación o renovación de aire adecuada.
  • Superficie libre: Un metro cuadrado de superficie libre por cada trabajador. Para el cálculo de la superficie no se tendrán en cuenta los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales.

Pisos, techos y paredes (principales requisitos)

  • Los pisos de los lugares de trabajo deberán estar libres de grietas o fisuras. Deberán además ser de un material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza.
  • En los lugares anegados o húmedos (cuando sean necesarios por la actividad de la empresa) se instalarán sistemas o mecanismos de evacuación rápida de líquidos de desecho, debiendo además instalar falsos pisos, plataformas o tarimas.
  • Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las condiciones del clima y deberán estar montados en estructuras que garanticen su estabilidad.

Pasillos:

  • Los corredores, galerías y pasillos, destinados únicamente al tránsito de trabajadores y trabajadoras deberán tener un ancho mínimo de 1 metro. La separación entre máquinas u otros aparatos no será menor de ochenta 80. Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal deberá señalizarse debidamente.
  • Alrededores de máquinas que irradien calor: deberán respetarse 2 metros de distancia alrededor del equipo.
  • Pasillos para la circulación de vehículos: Deberán disponer de una anchura mínima de 60 centímetros más la distancia del vehículo más ancho que vaya a circular por él.

Escaleras fijas (principales requisitos)

  • Todos sus elementos deberán ofrecer una resistencia tal que permita soportar las cargas para las cuales va a ser usada la escalera.
  • No podrán tener una altura mayor de 3,70 metros entre descansos. Los descansos contarán a su vez con una distancia mínima de 1,10 metros en dirección a la escalera.
  • El espacio libre vertical entre peldaños (de una escalera superior con otra situada abajo) no podrá ser inferior a 2,20 metros.
  • Tendrán al menos 90 centímetros de ancho y su inclinación respecto al eje horizontal no podrá ser menor de 20 grados ni mayor de sesenta 60 grados.
  • Los escalones, excluyendo los salientes, tendrán al menos 23 centímetros de huella y los contra peldaños no tendrán más de 20 centímetros ni menos de 13 centímetros de altura.
  • Todas las escaleras que tengan 4 peldaños o más, se protegerán con barandas en sus lados abiertos.
  • Las escaleras entre paredes, cuyo ancho sea inferior a 1 metro tendrán al menos un pasamanos y las superiores a un 1 metro un pasamanos a cada lado, debiendo existir una separación mínima de 5 centímetros entre el pasamanos y la pared.
  • La altura de los barandales y pasamanos de las escaleras no puede ser inferior a 90 centímetros.

Aberturas en pisos.

  • Deberán estar siempre protegidas con barandillas de una altura no inferior a 90 centímetros.
  • Las aberturas para escaleras deben estar protegidas por todos los lados.
  • Las aberturas para escotillas, conductos, pozos y trampas tendrán protecciones fijas por dos de los lados y móviles por los otros dos restantes.
  • Las aberturas en pisos de poco uso pueden estar protegidas por una cubierta móvil que gire sobre bisagras al nivel del piso. Cuando la cubierta no esté colocada, la abertura deberá estar protegida por una baranda móvil.
  • Los agujeros destinados exclusivamente a verificación de aspectos técnicos, podrán ser protegidos por una cubierta, de resistencia adecuada, sin necesidad de bisagras, siempre y cuando la cubierta quede sujeta y no pueda deslizarse de ningún modo.

Puertas:

  • Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
  • Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes, a efectos de permitir la visibilidad de la zona a la que se accede.
  • Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad. O bien, disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a la circulación de peatones, estando claramente señalizadas.

Puertas y salidas de emergencia.

  • Las salidas y puertas de emergencias de los lugares de trabajo tendrán acceso visible o debidamente señalizado.
  • No podrán existir obstáculos que impidan o dificulten la salida normal de los trabajadores.
  • Deberán disponer de un ancho mínimo de 1.20 metros.
  • Las salidas de emergencia deberán ofrecer siempre una apertura en dirección al exterior.
  • Bajo ningún concepto podrán ser cerradas con llave, debiendo siempre poder ser fácilmente abiertas.
  • Deberán disponer de una iluminación de emergencia que permita identificar rápidamente su ubicación en caso de corte del suministro eléctrico.

El Reglamento también establece las condiciones que deberán cumplir barandales y zócalos, escaleras de mano, andamios, escaleras verticales fijadas a estructuras.

 

Trabajadores autónomos

La normativa de El Salvador en materia de seguridad y salud en el trabajo contempla dentro de su ámbito de aplicación al colectivo de trabajadores autónomos o independientes.

Tal y como establece el artículo 4 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, esta norma aplica a todos los lugares de trabajo, tanto públicos como privados, no pudiendo ninguna institución autónoma alegar la existencia de un régimen especial o preferente que justifique el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.

Asimismo, los Reglamentos que desarrollan el contenido de la norma son también aplicables a este colectivo, puesto que su ámbito de aplicación no varía.

Trabajadores especialmente sensibles y/o minusválidos

Una vez analizada la normativa salvadoreña en materia de seguridad y salud en el trabajo, vemos como existen a lo largo de sus disposiciones referencias específicas, si bien puntuales y escasamente desarrolladas, en relación a la protección del personal que presenta alguna especial sensibilidad frente a los riesgos a los que está expuesto.

En primer lugar, la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, dispone en su artículo 11 la necesidad de adaptar los aspectos de seguridad, salubridad, higiene, prevención de enfermedades y las condiciones físicas de los lugares de trabajo a las características físicas y biológicas de los trabajadores y trabajadoras. Las adaptaciones realizadas en este sentido deberán tener por objeto suprimir barreras y diferencias entre los trabajadores, evitando discriminaciones negativas.

Por otra parte, el artículo 67 de la misma Ley dispone la obligación del empresario de proteger en especial a aquellos trabajadores y trabajadoras que, por sus características personales o estado biológico conocido, incluidas en este sentido la discapacidad, sean especialmente sensibles a riesgos del trabajo. Con el fin de dar cumplimiento a este deber, el empresario deberá contemplar dichos aspectos en las fases de identificación, evaluación y control de los riesgos.

Asimismo deberá evitar la exposición de las trabajadoras en estado de embarazo, post-parto y lactancia a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud y en la del nonato o recién nacido.

Trabajadoras embarazadas

En El Salvador, las normas que rigen la protección de la seguridad y salud del colectivo de mujeres embarazadas vienen principalmente establecidas en el Capítulo V del Título II del Código de Trabajo.

El artículo 110 del Código de Trabajo establece la prohibición expresa de emplear a mujeres que se encuentren en estado de embarazo en cualquier actividad que requiera de esfuerzos físicos incompatibles con su estado, es decir, que puedan suponer un riesgo para la seguridad de la trabajadora o la salud del nonato. En este sentido, se considera incompatible la realización de actividades físicas con el embarazo a partir del cuarto mes de gestación.

En cuanto a la duración de la licencia por maternidad, la trabajadora embarazada ostenta el derecho de disfrute de la misma por un periodo de 12 semanas, debiendo obligatoriamente disfrutar de las 6 semanas posteriores a la fecha del parto. Para poder disfrutar de la licencia de maternidad la trabajadora deberá presentar, como único requisito, un certificado médico en el que se indique el estado de embarazo de la empleada y la fecha prevista de parto.

Una vez la trabajadora es reincorporada en su puesto de trabajo tras la licencia de maternidad, deberá contar con pausas dentro de su jornada de trabajo que le permitan amamantar al bebé. Estas pausas serán de 1 hora diaria, si bien pueden fraccionarse en dos pausas de 30 minutos cada una, dentro de una misma jornada de trabajo.

Tal y como ocurre en nuestro país, la trabajadora embarazada ostenta el derecho de protección de empleo desde el momento en que da conocimiento de su estado de embarazo hasta el fin del descanso post-natal, viniendo así establecido en el artículo 113 del Código de Trabajo. Aun en los casos en los que se demuestre que la trabajadora es despedida por una causa objetiva originada previamente al estado de embarazo, el despido no podrá ser efectivo hasta la fecha posterior al descanso post-natal.

Trabajadores temporales

En El Salvador, las obligaciones que ostentan los empresarios con respecto a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, aplican de igual modo al colectivo de empleados temporales.

La justificación jurídica la encontramos en la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010. En su artículo 9 se dispone que los trabajadores y trabajadoras contratados de manera temporal deberán gozar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud ocupacional que el resto de trabajadores de la empresa. A tales efectos, no podrán establecerse diferencias en cuanto al trato empresarial con respecto a este colectivo de trabajadores.

Cabe comentar, no obstante, que no se han encontrad referencias en cuanto a la consideración de este colectivo como trabajadores especialmente sensibles, ya que éstos últimos son considerados como tales por su estado biológico conocido, no por la naturaleza de la relación de trabajo.

Trabajo de menores

En El Salvador, las normas que rigen la protección de la seguridad y salud de los trabajadores menores, definidos como aquéllos menores de 18 años de edad, vienen principalmente establecidas en el Capítulo V del Título II del Código de Trabajo.

Tal y como dispone el artículo 104 del Código de Trabajo, el trabajo de los menores de 18 años de edad debe ser especialmente adecuado a su edad, estado físico y desarrollo.

Por otra parte, se establece la prohibición expresa de emplear a trabajadores menores de 18 años en cualquier labor considerada por la norma como peligrosa o insalubre. Sin embargo, se podrá autorizar el trabajo de menores a partir de la edad de 16 años, siempre que quedan plenamente garantizadas su salud, seguridad y moralidad y habiendo recibido previamente una instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de la actividad correspondiente.

A efectos de facilitar una mayor comprensión en cuanto a la delimitación de actividades que pueden ser llevadas a cabo por trabajadores menores, se desarrolla a continuación la definición de lo que el Código de Trabajo entiende por trabajos peligrosos e insalubres.

• Trabajos peligrosos: Aquellos susceptibles de ocasionar la muerte o dañar gravemente y de forma inmediata la integridad física del trabajador. Algunos ejemplos citados por la propia norma:

o Operaciones de engrasado, limpieza, revisión o reparación de máquinas o mecanismos en movimiento.

o Cualquier trabajo que requiera el uso de sierras automáticas, circulares o de cinta; cizallas, cuchillos y demás instrumentos mecánicos cuyo manejo requiera precauciones y conocimientos especiales (no entran dentro de esta limitación los útiles de cocina).

o Trabajos subterráneos o submarinos.

o Los trabajos en que se elaboren o se utilicen materias explosivas, inflamables, insalubres, o tóxicas.

o Trabajos del sector de la construcción en general y, en concreto, operaciones de demolición, reparación, conservación y otros similares;

o Trabajos en minas y canteras.

o Trabajos en el mar, de estiba y de carga o descarga en muelles.

o Trabajos en bares (se consideran peligrosos para el trabajador menor, puesto que pueden atentar contra su desarrollo moral).

• Trabajos insalubres: Son aquéllos en los que, por la naturaleza de la actividad o las condiciones en las que se realizan, pueden atentar gravemente contra la salud del empleado. Son ejemplos de trabajos insalubres:

o Los que entrañen peligro de envenenamiento por el manejo de sustancias tóxicas o de las materias que las originan.

o Toda operación industrial en cuya ejecución se desprenden polvos, gases o vapores nocivos.

Las prohibiciones y restricciones relativas al empleo de menores anteriormente comentadas, no se aplican al trabajo efectuado en escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones de formación.

Por otra parte, para aquellos trabajos en los que sí esté permitido el empleo de trabajadores menores, la normativa requiere a la figura del empresario a organizar un reconocimiento médico en el que se compruebe el estado de salud y el grado de aptitud del menor para la faena encomendada. Estos reconocimientos médicos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser efectuados por un médico de trabajo cualificado.

• La aptitud del menor para efectuar el trabajo deberá ser probada mediante un certificado que indique la aptitud del menor para el puesto.

• El trabajador menor deberá ser sometido posteriormente a exámenes médicos periódicos, máximo con un intervalo anual.

• En el caso concreto de estar efectuando un trabajo que entrañe riesgos para la salud, la periodicidad anual de los reconocimientos médicos de los menores se extenderá hasta que el trabajador cumpla los 21 años de edad.

Notificación/investigación de AT y EEPP

En El Salvador, el empresario es requerido a poner en conocimiento de la Dirección General de Previsión Social aquellos accidentes de trabajo que se produzcan en el seno de su empresa. Esta obligación viene legalmente dispuesta en el artículo 66 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010.

Como norma general, siempre que se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá notificar al citado organismo la materialización del suceso en un plazo no superior a 72 horas. La excepción radica en aquellos casos en los que el accidente de trabajo haya acabado produciendo el fallecimiento del trabajador, debiendo el empresario comunicar en estos casos la materialización del accidente de forma inmediata.

Esta comunicación de los accidentes de trabajo se realiza telemáticamente. Para ello, el empresario debe crear una cuenta de usuario en el Sistema Nacional de Notificaciones de Accidentes de Trabajo (SNNAT). Para ello, deberá enviar por correo a la Dirección General de Previsión Social la siguiente documentación:

a) Razón Social, de acuerdo a la escritura de constitución de la Sociedad o nombre de la persona natural.

b) Actividad económica

c) Número patronal del ISSS

d) Número tributario NIT

e) Dirección exacta , municipio, departamento

f) Teléfono de la empresa, además

g) Nombre completo de la persona que realiza el reporte, Cargo que desempeña, DUI y correo electrónico.

Una vez dado de alta, el empresario o persona en la que delegue la tarea de notificar (la responsabilidad no es delegable) deberá entrar dentro del aplicativo e introducir los datos siguientes:

• Descripción de la empresa: Nombre comercial, departamento en el que está ubicada, municipio y dirección.

• Datos del trabajador o trabajadora: Nombre completo, sexo.

• Información sobre el accidente: descripción del suceso, consecuencias para la seguridad o salud de la persona afectada y fecha del accidente.

• Datos de la persona que realiza la comunicación: Nombre completo, fecha del aviso, hora del aviso y teléfono de contacto.

Infracciones y sanciones

En El Salvador, las sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo impuestas a las empresas del país vienen tipificadas en el Título IX de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010. En ella se establecen tres categorías de infracciones de la Ley, con su correspondiente cuantía económica, detallando una larga lista de incumplimientos (49) por los que puede ser sancionado el empresario. Asimismo, aquellos incumplimientos de la norma, que no vengan tipificados en el presente Título de la Ley, serán considerados como infracciones leves.

Cada una de las 3 categorías de infracción, tiene atribuida una cuantía económica que se establece en función del salario mínimo establecido para el sector económico de actividad al que pertenece la empresa.

Se resumen a continuación las categorías de infracción, así como los principales supuestos que los motivan:

Infracciones leves

• Sanción establecida: De 4 a 10 salarios mínimos mensuales.

• Principales supuestos:

o La falta de limpieza del lugar de trabajo que no implique un riesgo grave para la integridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.

o Que los pasillos de circulación no reúnan los requisitos establecidos por la presente ley y su reglamento.

o La ausencia de un espacio adecuado para que los trabajadores y trabajadoras tomen sus alimentos, cuando por la naturaleza del trabajo sea necesario que los ingieran dentro del establecimiento.

o El incumplimiento de la obligación de comunicar a la oficina respectiva, la existencia de un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de los ocho días hábiles a su creación. (ver apartado 14).

o No permitir que los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se reúnan dentro de la jornada de trabajo, siempre que exista un programa establecido o cuando las circunstancias lo requieran.

o No notificar el empleador a la Dirección General de Previsión Social, los daños ocasionados por los accidentes de trabajo, en el plazo establecido en la presente Ley.

o No implementar el registro de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y sucesos peligrosos ocurridos en su empresa.

Infracciones graves

• Sanción establecida: De 14 a 18 salarios mínimos mensuales.

• Principales supuestos:

o Ausencia de una señalización de seguridad visible y de comprensión general.

o Inexistencia de un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en los supuestos en los que exista tal obligación.

o Incumplimiento de la obligación de formular y ejecutar el respectivo Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales de la empresa.

o Que las instalaciones del lugar de trabajo en general, artefactos y dispositivos de los servicios de agua potable, gas industrial, calefacción, ventilación u otros no reúnan los requisitos exigidos en la normativa.

o Ausencia de dispositivos sonoros y visuales para alertar sobre la puesta en marcha de las máquinas, dependiendo de la actividad que se realice.

o No proporcionar el equipo de protección personal, herramientas, medios de protección colectiva o ropa de trabajo necesaria para la labor que los trabajadores y trabajadoras desempeñan conforme a la actividad que se realice.

o No brindar el mantenimiento debido al equipo de protección personal que se proporcione a los trabajadores y trabajadoras.

o Carecer el lugar de trabajo de la iluminación suficiente para el buen desempeño de las labores.

o No disponer de ventilación suficiente y adecuada conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

o No disponer de sistemas de ventilación y protección que eviten la contaminación del aire en todo proceso industrial que origine polvos, gases y vapores.

o Ausencia en cuanto a la aplicación de las recomendaciones técnicas dictadas por la Dirección General de Previsión Social, en aquellos lugares de trabajo donde se generen niveles de ruido que representen riesgos a la salud de los trabajadores.

o No contar en el lugar de trabajo con un inventario de las sustancias químicas existentes debidamente clasificadas.

o No mandar a realizar el empleador los exámenes médicos y de laboratorio a sus trabajadores en los casos en los que la normativa así lo exija.

o No acatar el empleador la recomendación de un médico del trabajo de destinar a un trabajador a un puesto de trabajo más adecuado a su estado de salud y capacidad física.

o No brindar la formación necesaria a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de causar daños a su integridad y salud.

o No mantener medios de protección en los procesos de soldaduras que produzcan altos niveles de radiaciones lumínicas cerca de las otras áreas de trabajo.

o No contar las instalaciones eléctricas, los motores y cables conductores con un sistema de polarización a tierra.

o No contar el lugar de trabajo con un plan de emergencia en casos de accidentes o desastres.

Infracciones muy graves

• Sanción establecida: De 22 a 28 salarios mínimos mensuales.

• Principales supuestos:

o No contar con el equipo y los medios adecuados para la prevención y combate de casos de emergencia.

o No disponer, en los lugares en que se trabaje con combustible líquido, sustancias químicas o tóxicas, con depósitos apropiados para el almacenaje y transporte de los mismos.

o Carecer de lámparas o accesorios eléctricos apropiados en aquellos ambientes con atmósferas explosivas o inflamables.

o No informar a la Dirección General de Previsión Social cualquier cambio o modificación sustancial que se efectúe en los equipos o instalaciones en general, que representen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.

o No brindar el mantenimiento apropiado a los generadores de vapor o recipientes sujetos a presión, utilizados en el lugar de trabajo.

o Poseer generadores de vapor o recipientes sujetos a presión, que no cumplan con los requisitos de instalación y funcionamiento.

o Instalar o poner en servicio un generador de vapor o recipiente sujeto a presión en malas condiciones o sin la autorización respectiva de la Dirección General de Previsión Social.

o Obstaculizar el procedimiento de inspección de seguridad y salud ocupacional, así como ejecutar actos que tiendan a impedirla o desnaturalizarla.

o No adoptar las medidas preventivas aplicables en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, cuando dicha omisión derive en un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Coordinación de actividades empresariales

La normativa salvadoreña en materia de seguridad y salud ocupacional regula el deber de coordinarse de los empresarios que concurran en un mismo centro de trabajo, si bien dispone esta obligación de forma general. Su regulación viene establecida en el artículo 6 del Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

Tal y como se desarrolla en la norma, siempre que en un mismo centro de trabajo concurran dos o más empresarios, ambos ostentarán el deber de colaborar entre sí para establecer y aplicar las medidas de prevención que resulten necesarias. A tales efectos, deberán tenerse en cuenta los riesgos propios de la actividad de cada una de las empresas concurrentes, así como aquellos derivados de la propia concurrencia.

En cuanto al establecimiento de las condiciones generales de seguridad y salud presentes en el centro objeto de la concurrencia, dicha responsabilidad recae sobre el empresario titular, entendiendo por éste el que, bajo su gestión, pone a disposición de otros el centro de trabajo para la realización de los trabajos. Estas condiciones se seguridad y salud deberán ser respetadas por todos los trabajadores que ejerzan una actividad en el centro, independientemente de la empresa a la cual pertenezcan.

Por otro lado, a cada una de las empresas concurrentes se les requiere poner a disposición de sus respectivos trabajadores los equipos de protección individual, la ropa de trabajo, herramientas especiales, organización de exámenes médicos… así como otras obligaciones indicadas por el empresario titular o principal, o bien por las dispuestas en la normativa, en función de la actividad que realicen.

En los centros objeto de la concurrencia de dos o más empresas, deberán además formarse Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, en función del volumen de plantilla que trabaje en el centro. Deberán formarse a partir de los 15 trabajadores que operen en el centro, y su número de representantes se incrementará en función de éste, siguiendo la proporción contenida en la normativa (ver apartado 14 de la presente guía).

Medidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación, riesgo grave o inminente)

En El Salvador, son diversas las disposiciones normativas que hacen referencia a la gestión de emergencias en los centros de trabajo.

Por un lado, el Código de Trabajo de El Salvador establece en su artículo 333 las obligaciones en cuanto a la atención y primeros auxilios de los trabajadores que sean víctimas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En este sentido, el empresario deberá proporcionar obligatoriamente y bajo su cargo las siguientes prestaciones asistenciales:

  • Servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y de laboratorio.
  • Los aparatos de prótesis y ortopedia que se juzguen necesarios, en función de la lesión.
  • Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de la víctima, cuando para su curación deba trasladarse a un lugar distinto al de su residencia habitual (clínica, hospital…).
  • Un subsidio diario equivalente al 75% de su salario básico durante los primeros 60 días. En los días siguientes, y hasta el límite máximo de 52 semanas, la cuantía del subsidio se reducirá hasta el 60%

Además de estas obligaciones en cuanto a los primeros auxilios y atención médica, el empresario deberá asegurar un nivel eficaz de protección frente a aquellas situaciones de emergencia que supongan un riesgo grave e inminente.

A tales efectos, el artículo 65 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, dispone que es responsabilidad del empresario elaborar un plan de emergencia y evacuación que contenga las directrices y procedimientos de actuación frente a situaciones de emergencia, atendiendo a la naturaleza de los trabajaos que se realizan en el centro y al entrono circundante a éste.

El contenido mínimo del Plan de Emergencia y Evacuación viene dispuesto en el artículo 49 del Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, debiendo contener lo siguiente:

  • Medidas de respuesta ante las situaciones de emergencia que puedan acaecer en el centro de trabajo, vengan éstas motivadas por la actividad propia de la empresa u otros factores externos.
  • Responsables para la implementación del Plan, definiendo los roles de todo el personal del lugar de trabajo durante la emergencia.
  • Mecanismos de comunicación y alerta a ser utilizados en caso de emergencia.
  • Referencia de los equipos y medios de respuesta ante emergencias con los que cuenta el centro de trabajo.
  • Plano del centro de trabajo, indicando las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión.
  • Procedimientos de respuesta asociados a cada una de las situaciones de emergencia que pudieran materializarse.
  • Plan de capacitación para los trabajadores que ostenten un rol específico en cuanto a respuesta frente a situaciones de emergencia.
  • Planificación de simulacros de emergencia, así como registro de los simulacros ya realizados. Como mínimo, deberá realizarse un simulacro de emergencia cada año.
  • Métodos de revisión y actualización del Plan de Emergencias y Evacuación.

Como obligación general en materia de gestión de emergencia, el empresario deberá velar por que cada uno de los trabajadores que integran su plantilla cuenta con la debida formación en cuanto a los procedimientos de actuación frente a situaciones de emergencia.

 

Vigilancia de la salud

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores por parte de los empresarios establecidos en El Salvador viene legislada en el artículo 63 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010.

En dicho artículo se dispone que el empresario esté obligado a organizar la práctica de exámenes médicos a sus trabajadores, cuando éstos vengan desarrollando una actividad que implique un riesgo notable para la integridad física, salud o vida del trabajador. Por lo tanto, vemos cómo la obligación de ofrecer la realización de reconocimientos médicos no aplica de forma general a todas las actividades.

Los reconocimientos médicos podrán ser realizados en el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social o bien en otro centro médico, pero siempre a cargo del empresario. Asimismo, los resultados de los exámenes deberán ser tratados siempre con estricta confidencialidad, no pudiendo ser conocidos por parte del empresario ni utilizados en contra del empleado. Deberán realizarse dos copias del certificado de aptitud (una para el empresario a efectos de registro con el resto de documentación del Programa de Gestión; y otra para el trabajador).

Por otra parte, en los casos en los que el médico del trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social disponga en el certificado de aptitud la recomendación de destinar o transferir al trabajador a otro puesto de trabajo por motivo de su estado de salud o capacidad, el empresario estará obligado a llevar a cabo aquellas medidas técnicas y/o organizativas que considere oportunas a efectos de readaptar el puesto de trabajo o bien transferir al trabajador a otro libre de riesgos para su estado de salud.

Además de estas obligaciones, el Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo dispone en su artículo 52 que la programación de los exámenes médicos deberá estar basada en los resultados obtenidos en las etapas de identificación y evaluación de riesgos realizadas previamente. Dicho de otro modo, será también obligatorio para el empresario llevar a cabo reconocimientos médicos a su plantilla cuando así lo aconseje la evaluación de riesgos.

Consulta y participación

La normativa salvadoreña en materia de seguridad y salud en el trabajo dispone la obligación de organizar un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en aquellas empresas que cuenten con 15 o más trabajadores, siendo estos órganos internos el principal medio por el cual se articula el derecho de participación y consulta reconocido a los trabajadores.

La constitución, elección y capacitación de sus miembros, funcionamiento…y otros elementos atribuidos a estos Comités vienen regulados de forma conjunta por la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010 y el Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

Antes de la asunción del cargo, sus miembros deberán ser debidamente formados en materia de prevención de riesgos laborales para un correcto desempeño de sus funciones. Esta formación es proporcionada por la Dirección General de Previsión Social, previa comunicación por parte del empresario a dicho organismo. Esta comunicación deberá realizarse dentro de los 8 días hábiles posteriores a la designación de los miembros del Comité y deberá contener una referencia de los integrantes que lo compondrán y del cargo que ocuparán. Una vez se realiza la notificación, el Ministerio comunicará en los días siguientes la fecha y hora en la que tendrá lugar dicha sesión formativa. Cuando la empresa lo requiera, podrá solicitar una segunda sesión formativa, en las mismas condiciones y en concepto de formación de reciclaje. Ahora bien, las sucesivas sesiones de capacitación realizadas a los miembros de estos Comités correrán ya a cargo del empresario.

En cuanto a su composición, estos Comités deberán guardar una representación paritaria del empresario y trabajadores. Además de estos representantes, el Comité estará formado por los delegados de prevención designados para la gestión de la seguridad y salud en la organización.

En cuanto al número mínimo de representantes que deberán existir en cada uno de los bandos de representación, este varía en función del volumen de la plantilla de la empresa, guardando la siguiente proporción:

Número de trabajadores Número de representantes (por cada parte)

De 15 a 49 2 representantes

De 50 a 99 3 representantes

De 100 a 499 4 representantes

De 500 a 999 5 representantes

De 1000 a 2000 6 representantes

De 2000 a 3000 7 representantes

De 3000 en adelante 8 representantes

Las funciones legalmente definidas que deberán desempeñar los comités de Seguridad y Salud Ocupacional son las que a continuación se indican:

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de la política y Programa de Gestión de la Prevención de Riesgos Ocupacionales de la empresa.

• Promover iniciativas sobre procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, pudiendo, además, colaborar en la corrección de las deficiencias previamente identificadas.

• Investigar objetivamente las causas que motivaron los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales acaecidos en el seno de la empresa. A su vez, deberán proponerse las medidas de seguridad necesarias para evitar su repetición.

• Proponer al empresario medidas de carácter preventivo, pudiendo para ello efectuar propuestas por escrito.

• Instruir a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos propios de su actividad laboral, observando acciones inseguras y recomendando métodos para realizarlas de una forma segura.

• Inspeccionar periódicamente los sitios de trabajo, al objeto de detectar las condiciones físicas y mecánicas inseguras susceptibles de producir accidentes de trabajo. Estas inspecciones tienen como finalidad recomendar medidas correctivas a aplicar sobre estas condiciones inseguras.

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad y salud laboral que apliquen en la empresa.

• Elaborar un reglamento interno por el cual se definan las normas internas de funcionamiento del propio Comité. Este reglamento deberá ser confeccionado dentro de los 60 días siguientes a su propio reglamento de funcionamiento, a más tardar sesenta días después de su conformación.

Información

Tal y como se ha comentado en el apartado 6 de la presente guía, una de las responsabilidades que debe asumir el empresario salvadoreño consiste en la elaboración de un Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales. A su vez, uno de los puntos que deberán formar parte de estos Programas son los programas informativos complementarios sobre consumo de alcohol y drogas, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, salud mental y salud reproductiva. Esta obligación viene contemplada en el artículo 8 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010.

En adición a estas disposiciones relativas a la información en materia preventiva, encontramos los artículos 53 y 54 del Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Tal y como dispone su artículo 53, estos programas complementarios deberán establecer medidas preventivas y de sensibilización para evitar el uso de alcohol y otros estupefacientes que puedan alterar la organización del trabajo y perjudicar su salud. Además, deberán incluir acciones informativas y de capacitación sobre los procedimientos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, así como principios básicos en relación a la salud mental y reproductiva.

En su conjunto, los programas informativos están destinados a fomentar una cultura preventiva en el seno de las organizaciones. Para dar cumplimiento a este objetivo, los empresarios deberán:

• Colocar, en áreas visibles del lugar de trabajo, la política de seguridad y salud ocupacional de la empresa, la cual deberá haber sido previamente divulgada entre la fuerza trabajadora.

• Colocación de carteles, adhesivos y otros medios de información, a fin de difundir consejos y advertencias destinados a la prevención de riesgos laborales.

• Informar, a través de manuales e instructivos, acerca de los riesgos a los que están expuestos todos los trabajadores en el centro de trabajo.

Formación

Uno de los deberes atribuibles a la figura del empresario lo constituye la obligación de formar e instruir a sus trabajadores, de manera teórico-práctica, sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo, así como sobre las competencias y técnicas exigidas para un correcto desarrollo de sus funciones. Deberán los trabajadores ser formados también sobre los riesgos profesionales existentes en el centro de trabajo en el que vayan a prestar su actividad. Esta obligación general viene establecida en el artículo 8 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010.

Las sesiones de formación teórico-práctica deberán organizarse y realizarse al inicio de la relación laboral y, posteriormente, de manera periódica (la Ley no establece periodicidad concreta).

Además de estas obligaciones, el Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, establece en sus artículos 50 y 51 otras adicionales que de igual modo deberán ser tenidas en cuenta por el empleador.

En concreto, se establece que el empresario deberá desarrollar un plan anual de capacitación, en el que se detallarán las formaciones realizadas al momento de la contratación de personal, cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñan en su puesto de trabajo y cuando se apliquen modificaciones en las instalaciones y equipos de trabajo.

La formación en materia de prevención de riesgos laborales podrá ser llevada a cabo por personal interno de la empresa, si bien se permite la realización de sesiones formativas por parte de empresas asesoras acreditadas, peritos especializados en áreas concretas de la seguridad y salud o bien por parte de entidades de formación técnica.

Como norma general, las sesiones de formación en materia de seguridad y salud deberán realizarse siempre dentro de la jornada de trabajo del empleado. En caso de no ser posible, el tiempo de duración de la formación deberá ser igualmente remunerado por parte del empresario.

Bajo ningún concepto el trabajador soportará el coste de la formación, ya que esta es una obligación atribuida al empresario e indelegable.

Auditorías

En El Salvador, la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado en El Salvador Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales) constituye una de las responsabilidades atribuibles a la figura del empresario, viniendo este deber legislado en las siguientes normas:

• Artículo 8 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010.

• A lo largo del contenido del Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

Mientras la Ley regula la obligación de implantar este programa y los elementos de los que deberá constar (ver apartado 6 de la presente guía), el Reglamento articula el modo en que deberán implementarse cada uno de los elementos o acciones que configuran dicho Programa.

Las empresas que cuenten con un volumen de plantilla inferior a 15 trabajadores podrán estar exentas de tal obligación, previo permiso expreso por parte de Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esta exención no podrá aplicar, no obstante, a aquellas empresas con menos de 15 trabajadores y que lleven a cabo una o más actividades catalogadas en la normativa laboral como peligrosas.

Por último, aquellas organizaciones que estén obligadas a contar con un Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales deberán auditar con una periodicidad anual su contenido y eficacia, a fin de promover la mejora continua del mismo.

Organización de la actividad preventiva

En El Salvador, una de las obligaciones atribuidas a la figura del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo consiste en el deber de organizar la gestión de la prevención en el seno de su empresa. Ahora bien, esta obligación solo aplica en aquellas organizaciones en las que el volumen de la plantilla es igual o superior a 15 trabajadores, articulándose mediante la designación de delegados de prevención.

Un delegado de prevención, es un trabajador que ya viene prestando una actividad laboral en la empresa y que es nombrado por el empresario o por los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. El número de delegados de prevención con el que deberán contar las empresas del país depende del volumen total de plantilla, atendiendo a la proporción siguiente:

• De 15 a 49 trabajadores, 1 Delegado de Prevención

• De 50 a 100 trabajadores, 2 Delegados de Prevención

• De 101 a 500 trabajadores, 3 Delegados de Prevención

• De 501 a 1000 trabajadores, 4 Delegados de Prevención

• De 1001 a 2000 trabajadores, 5 Delegados de Prevención

• De 2001 a 3000 trabajadores, 6 Delegados de Prevención

• De 3001 a 4000 Trabajadores, 7 Delegados de Prevención

• De 4001 o más trabajadores, 8 Delegados de Prevención

En cuanto a las funciones que deberán llevar a cabo los delegados de prevención, éstas vienen definidas en el artículo 14 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, siendo éstas:

a) Colaborar con la empresa en las acciones preventivas.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la aplicación de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

c) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, mediante visitas periódicas.

d) Acompañar a los técnicos e inspectores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en las inspecciones de carácter preventivo.

e) Proponer al empleador la adopción de medidas de carácter preventivo para mejorar los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

Estas funciones podrán ser realizadas por cada uno de los delegados de prevención atendiendo a una sección específica o bien de forma general, gestionando cada delegado la prevención en todas las áreas de la empresa y fases del proceso productivo.

Por otra parte, existen en el país empresas asesoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas entidades son contactadas por las empresas del país en aquellos casos en los que los delegados de prevención no están suficientemente cualificados para atender debidamente a un determinado tipo de riesgo ocupacional. También pueden recurrir a peritos especializados en alguna o varias especialidades relativas a la prevención de riesgos: higiene industrial, ergonomía y psicosociología, etc. Tanto los peritos como las empresas asesoras deberán ostentar la correspondiente acreditación del Jefe de del Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional

Planificación de la actividad preventiva

En El Salvador, la planificación de la actividad preventiva se conoce como “Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales”, cuyo contenido mínimo viene definido en el artículo 8 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010 (ver apartado 6 de la presente guía).

Por otra parte, el Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, establece en sus artículos 35, 36 y 37 las disposiciones adicionales en cuanto a estos Programas, definiéndolos como el instrumento en el que queda plasmado el proceso de promoción, ejecución, supervisión y evaluación de la acción preventiva del lugar de trabajo.

La aplicación práctica del Programa implicará la planificación, organización, ejecución y evaluación de las medidas de seguridad y salud ocupacional, las cuales deben ser íntegramente desarrolladas. Para ello, el empresario podrá hacerse valer de las normas técnicas o directrices reconocidas a nivel internacional confeccionadas para la gestión de la prevención, siempre que su seguimiento y puesta en práctica no impliquen el quebrantamiento de alguna de las obligaciones atribuibles al empresario y establecidas en la normativa nacional.

Los mecanismos para la evaluación de la eficacia de las acciones preventivas vienen dispuestos en el artículo 4 y son los que se detallan a continuación:

• Medidas cuantitativas y cualitativas de alcance, apropiadas a las necesidades del lugar de trabajo.

• Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos y metas diseñados.

• Medidas proactivas que incluyan la verificación de condiciones de seguridad y salud ocupacional, así como las medidas reactivas destinadas a mejorar éstas.

• Registros de los resultados de seguimiento y medición, a efectos de facilitar un análisis posterior de las acciones preventivas y correctoras.

Además, el empresario deberá establecer la asignación de recursos necesarios para la puesta en práctica de cada una de las medidas o acciones contenidas en el Programa.

El artículo 37 de la norma habilita al empresario a contar con entidades debidamente acreditadas por el Ministerio de Trabajo para el diseño y aplicación de los Programas de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales. Ahora bien, la responsabilidad última en cuanto a su elaboración, ejecución y evaluación de la eficacia de sus medidas recaerá siempre sobre la figura del empresario.

Antes de confirmar la adopción del Programa, el empresario deberá consultar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sobre su contenido, disponiendo este órgano interno de un plazo para formular sus quejas, sugerencias o aprobación del Programa.

Evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos se concibe en El Salvador como uno de los elementos clave que componen los Programas de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales. Las disposiciones normativas establecidas en relación a la evaluación de riesgos vienen definidas en el Capítulo VIII del Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

Tal y como dispone el artículo 40 de la norma, el empresario deberá efectuar una identificación de los riesgos existentes en cada una de las etapas que configuran el proceso productivo o de los servicios que se ofrecen, especificando procesos, condiciones peligrosas, puestos de trabajo y número de trabajadores expuestos a cada uno de los riesgos.

Deberán contemplarse cada uno de los factores de riesgo y la determinación d su magnitud, debiendo además practicas los estudios y mediciones oportunas, especialmente en cuanto a la determinación de la dosis de los contaminantes ambientales.

Una vez identificados y evaluados los riesgos, deberán definirse las medidas y acciones preventivas que deberán adoptarse a efectos de evitar o controlar dichos riesgos. Las medidas deberán estar configuradas de forma que combatan los riesgos en su origen. De no ser esto posible o suficiente, se deberán establecer medidas de protección colectivas e individuales, en este estricto orden de prioridad.

Para la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales generales del centro de trabajo, el empresario deberá formular un mapa de riesgos, a través de un plano del establecimiento, en el que se localicen los riesgos laborales y las condiciones de trabajo a ellos vinculadas, a efectos de facilitar la puesta en práctica de medidas preventivas o correctoras en cada uno de los lugares de trabajo. Todo ello sin perjuicio del resto de riesgos profesionales existentes en cada uno de los puestos de trabajo.

Por otra parte, el artículo 44 de la misma norma dispone que las etapas de identificación, evaluación y control de riesgos deberán tener en cuenta aquellos trabajadores que, por su estado biológico conocido (discapacidad, estado de embarazo, trabajadores menores…) puedan presentar una especial sensibilidad frente a los riesgos a los que están expuestos.

En cuanto a los supuestos que motivan la obligación de revisar el contenido de la evaluación de riesgos, el artículo 45 del Decreto señala los siguientes:

• Introducción de una nueva actividad.

• Modificación de forma sustancias las condiciones de trabajo, y más concretamente, cualquier cambio importante relativo a las instalaciones, equipos, maquinaria u organización del trabajo.

• Detección de riesgos evidentes, no identificados previamente, que puedan incidir negativamente en la seguridad y salud de la plantilla expuesta.

• Siempre que se materialice un accidente o enfermedad profesional.

Derechos y deberes de los trabajadores

En El Salvador, la referencia normativa en cuanto a las obligaciones generales de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral vienen dispuestas en el artículo 73 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, aprobada mediante el Decreto Legislativo nº 254.

Tal y como establece dicho artículo, son obligaciones del trabajador:

• Velar por su propia seguridad, cumpliendo las normas de prevención adoptadas por la empresa.

• Utilizar la maquinaria y equipos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el empresario.

• Llevar siempre consigo el equipo de protección personal que le ha sido proporcionado, mantenerlo en buenas condiciones y utilizarlo de acuerdo a las instrucciones recibidas.

• Informar de inmediato a su superior jerárquico, o a las personas designadas a tal efecto, de cualquier riesgo potencial para su seguridad y la de sus compañeros de trabajo.

En El Salvador, la referencia normativa en cuanto a las obligaciones generales de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral vienen dispuestas en el artículo 73 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, aprobada mediante el Decreto Legislativo nº 254.

Tal y como establece dicho artículo, son obligaciones del trabajador:

• Velar por su propia seguridad, cumpliendo las normas de prevención adoptadas por la empresa.

• Utilizar la maquinaria y equipos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el empresario.

• Llevar siempre consigo el equipo de protección personal que le ha sido proporcionado, mantenerlo en buenas condiciones y utilizarlo de acuerdo a las instrucciones recibidas.

• Informar de inmediato a su superior jerárquico, o a las personas designadas a tal efecto, de cualquier riesgo potencial para su seguridad y la de sus compañeros de trabajo.

Derechos y deberes del empresario

En la República de El Salvador, las obligaciones generales atribuibles a la figura del empresario en cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales vienen dispuestas de forma general en el Capítulo I del Libro II del Código de Trabajo de El Salvador.

Tal como dispone el artículo 31 de la norma, todo empresario deberá adoptar y poner en práctica medidas adecuadas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, para proteger la vida, salud y la integridad corporal de sus trabajadores, especialmente en lo relativo a:

• Las operaciones y procesos de trabajo;

• El suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal;

• Las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales; y

• La colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones que aíslen o prevengan de los peligros provenientes de las máquinas y de todo género de instalaciones.

Por otra parte, el artículo 360 del Código de Trabajo obliga al empresario a asegurar a todos aquellos trabajadores ocupados en actividades peligrosas. Los empresarios que dispongan de empresas que se dediquen a actividades que, por su propia naturaleza o por circunstancias especiales, ofrezcan un peligro para la salud, integridad física o vida de los trabajadores, a juicio de la Dirección General de Previsión Social, están obligados a asegurar a aquellos trabajadores que, por participar en la ejecución de trabajos peligrosos, están expuestos a sufrir riesgos profesionales.

Además de las responsabilidades contenidas en el Código de Trabajo, existen otras atribuibles a la figura del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo y que vienen legalmente establecidas en el Capítulo I de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, aprobada mediante el Decreto Legislativo nº 254.

La principal de estas obligaciones consiste en formular y ejecutar un Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales en el seno de su empresa, de acuerdo a su actividad, asignando los recursos necesarios para su ejecución. Esta obligación aplica a todas las empresas en las que trabajen menos de 15 trabajadores, siendo pues aplicable a la mayoría de las empresas del país. También están obligadas a disponer de un Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales aquellas empresas que superen dicho volumen de plantilla y cuya actividad sea considerada como peligrosa.

A efectos de elaborar, poner en práctica y evaluar dicho Programa, el empresario deberá previamente garantizar la participación de sus trabajadores o bien su representación.

El contenido mínimo del que deberán disponer los Programas de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales es el siguiente:

1. Mecanismos de evaluación periódica del Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales.

2. Identificación, evaluación, control y seguimiento permanente de los riesgos ocupacionales, determinando los puestos de trabajo que representan riesgos para la salud de los trabajadores y trabajadoras, actuando en su eliminación y adaptación de las condiciones de trabajo, debiendo hacer especial énfasis en la protección de la salud reproductiva, principalmente durante el embarazo, el post-parto y la lactancia.

3. Registro actualizado de accidentes, enfermedades profesionales y sucesos peligrosos, a fin de investigar si éstos están vinculados con el desempeño del trabajo y tomar las correspondientes medidas preventivas.

4. Diseño e implementación de su propio plan de emergencia y evacuación.

5. Entrenamiento de manera teórica y práctica, de forma inicial y permanente a los trabajadores y trabajadoras sobre sus competencias, técnicas y riesgos específicos de su puesto de trabajo, así como sobre los riesgos ocupacionales generales de la empresa, que le puedan afectar.

6. Establecimiento del programa de exámenes médicos y atención de primeros auxilios en el lugar de trabajo.

7. Establecimiento de programas complementarios sobre consumo de alcohol y drogas, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, salud mental y salud reproductiva.

8. Planificación de las actividades y reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. En dicha planificación deberá tomarse en cuenta las condiciones, roles tradicionales de hombres y mujeres y responsabilidades familiares con el objetivo de garantizar la participación equitativa de trabajadores y trabajadoras en dichos comités, debiendo adoptar las medidas apropiadas para el logro de este fin.

9. Formulación de un programa de difusión y promoción de las actividades preventivas en los lugares de trabajo. Los instructivos o señales de prevención que se adopten en la empresa se colocarán en lugares visibles para los trabajadores y trabajadoras, y deberán ser comprensibles.

10. Formulación de programas preventivos, y de sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos psicosociales.

Dicho programa debe ser actualizado cada año y tenerse a disposición del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

El artículo 10 de la misma norma dispone como responsabilidad atribuida al empresario evitar la exposición a los riesgos ocupacionales de los trabajadores y trabajadoras, mediante la adaptación, cuando los riesgos así lo requieran, de las condiciones de trabajo.

Definiciones

La normativa salvadoreña en materia de seguridad y salud ocupacional dispone en el artículo 7 de la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, las definiciones de los términos principales en la materia y contenidos a lo largo de la norma, siendo éstos los principales:

  • Acción insegura: Incumplimiento por parte del trabajador o trabajadora, de las normas, recomendaciones técnicas y otras instrucciones adoptadas legalmente por su empresario para proteger su vida, salud e integridad.
  • Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Grupo formado por empresarios o sus representantes, así como también por trabajadores y trabajadoras o sus representantes, encargados de participar en la capacitación, evaluación, supervisión, promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos laborales.
  • Condición Insegura: Es aquella condición mecánica, física o de procedimiento inherente a máquinas, instrumentos o procesos de trabajo que por defecto o imperfección puedan contribuir a la materialización de un accidente.
  • Delegado de Prevención: Aquel trabajador o trabajadora designado/a por el empleador, o el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional según corresponda, para encargarse de la gestión en seguridad y salud ocupacional.
  • Equipo de Protección Personal: Equipo, implemento o accesorio, adecuado a las necesidades personales del trabajador y destinado a ser llevado o sujetado por éste para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud durante sus labores.
  • Ergonomía: Conjunto de técnicas orientadas a adaptar el trabajo a la persona, mediante el análisis de puestos, tareas, funciones y agentes de riesgo psicosociolaboral que pueden influir en la productividad del trabajador y trabajadora, pudiendo adecuarse a las condiciones de mujeres y hombres.
  • Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de actividades o medidas organizativas adoptadas por el empleador y empleadora en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
  • Higiene Ocupacional: Conjunto de medidas técnicas y organizativas orientadas al reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes presentes en los lugares de trabajo que puedan ocasionar enfermedades.
  • Lugar de Trabajo: Sitios o espacios físicos donde los trabajadores y trabajadoras permanecen y desarrollan sus labores.
  • Medicina del Trabajo: Especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o a consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias.
  • Medios de Protección Colectiva: Equipos o dispositivos técnicos utilizados para la protección colectiva de los trabajadores y trabajadoras.
  • Peritos en Áreas Especializadas: Aquellos técnicos acreditados por la Dirección General de Previsión Social que se dedican a la revisión y asesoría sobre aspectos técnicos que requieran de especialización, como lo referente a generadores de vapor y equipos sujetos a presión.
  • Peritos en Seguridad e Higiene Ocupacional: Persona especializada y capacitada en la identificación y prevención de riesgos laborales en los lugares de trabajo, tanto a nivel de seguridad como de higiene ocupacional.
  • Plan de Emergencia: Conjunto de medidas destinadas a hacer frente a situaciones de riesgo, que pongan en peligro la salud o la integridad de los trabajadores y trabajadoras, minimizando los efectos sobre ellos y sobre los bienes materiales.
  • Plan de Evacuación: Conjunto de procedimientos destinados a la salida rápida y ordenada de las personas que se encuentren en los lugares de trabajo, hacia sitios seguros previamente determinados, en caso de emergencias.
  • Riesgo Grave e Inminente: Aquel que resulte probable en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores y trabajadoras.
  • Riesgo Psicosocial: Aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, que tienen la potencialidad de causar daños, sociales o psicológicos en los trabajadores, tales como el manejo de las relaciones obrero-patronales, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, la dificultad para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares, y toda forma de discriminación en sentido negativo.
  • Salud Ocupacional: Todas las acciones que tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su trabajo contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; así corno colocarlos y mantenerlos en un puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.
  • Seguridad Ocupacional: Conjunto de medidas o acciones para identificar los riesgos de sufrir accidentes a que se encuentran expuestos los trabajadores con el fin de prevenirlos y eliminarlos.
  • Suceso Peligroso: Acontecimiento no deseado que bajo circunstancias diferentes pudo haber resultado en lesión, enfermedad o daño a la salud o a la propiedad.

 

Administraciones Públicas competentes

Los principales organismos y entidades públicas cuya actividad se enmarca, sea de forma total o parcial, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo son los siguientes:

• Ministerio de Trabajo y Previsión Social: Es el organismo estatal de referencia en materia de trabajo y previsión social. Se encarga de potenciar las relaciones laborales en el país a través del diálogo, la concertación social y la participación tripartita, teniendo como fines principales la mejora de las condiciones de trabajo, el incremento salarial de la fuerza trabajadora y de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del país. También tiene como cometido la mejora continua de la productividad de las empresas del país, siempre dentro del marco de la igualdad y de la justicia social. Este organismo persigue entre sus objetivos estratégicos el fomento del empleo, el trabajo decente y la modernización de la administración del trabajo en el país.

• Dirección General de Previsión Social: Es una de las áreas directamente dependientes del Ministerio. Se encarga de dirigir, coordinar y supervisar las condiciones de seguridad, salud e higiene en el trabajo que se dan en el país, los derechos de los trabajadores menores y otros grupos que puedan presentar una especial vulnerabilidad. Cuenta con 3 departamentos, uno de los cuales es el Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional.

• Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional: Es uno de los departamentos que configuran la Dirección General de Previsión Social, enfoca su actividad en la protección de los trabajadores frente a los riesgos profesionales. Entre sus funciones realiza inspecciones a los centros de trabajo del país que presentan mayores índices de siniestralidad, desarrolla y promociona cursos y campañas en materia de seguridad y salud ocupacional y organiza las sesiones formativas que se imparten a los miembros de los Comités de Seguridad e Higiene Ocupacional de las organizaciones salvadoreñas.

• Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP): Institución de derecho público, con autonomía económica y administrativa y con personalidad jurídica, bajo cuya responsabilidad está la dirección y coordinación del Sistema de Formación Profesional para la capacitación y calificación de los trabajadores del país. Esta entidad tiene por objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos cualificados que requiere el desarrollo económico y social de El Salvador, sin olvidar los beneficios que repercute la formación profesional en la calidad de vida de los trabajadores.

Ambito aplicación

En la República de El Salvador, la norma de referencia por la que se legisla la protección de la seguridad y salud de los trabajadores la constituye la Ley General de Prevención en los Lugares de Trabajo, del 21 de enero de 2010, aprobada mediante el Decreto Legislativo nº 254.

En su Capítulo II, y más concretamente en su artículo 4, se establece el ámbito de aplicación de dicha norma, estableciendo que ésta es de aplicación a todos los lugares de trabajo, sean privados o dependientes del Estado. Asimismo, ninguna institución autónoma podrá alegar la existencia de un régimen especial o preferente para incumplir sus disposiciones.

Cabe comentar también, que los reglamentos que desarrollan la mencionada Ley, aplican de igual modo a todos los lugares de trabajo, tanto privados como públicos.

Por su parte, se reconoce la competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Previsión Social y de la Dirección General de Inspección de Trabajo, de garantizar el cumplimiento y promoción de la Ley y reglamentos que la desarrollan.

Aspectos generales

En junio del año 2006, se produjo en El Salvador un punto de inflexión en cuanto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores que prestan su actividad en el país. Esta disrupción tiene su origen en la adopción de la Política Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada mediante el Acuerdo nº 93, del 5 de junio de 2006.

Entre los objetivos establecidos en dicho documento se contemplaba la aprobación de una Ley que regulara de forma general la prevención de riesgos laborales en el país, así como diversos Reglamentos que desarrollarían posteriormente su contenido. La aprobación de esta norma se produjo en 2010, a través de la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta Ley presenta como peculiaridades la aplicación conjunta a los sectores público y privado y que introdujo algunas obligaciones atribuibles a la figura del empresario que previamente no estaban establecidas, como el deber de adoptar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (además de proporcionar un mayor desarrollo de otras obligaciones como la notificación de accidentes de trabajo, por ejemplo).

Se presenta a continuación un detalle de las principales normas por las que se rige la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en El Salvador:

• Decreto Legislativo nº 254, del 21 de enero de 2010, que dicta la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

• Decreto nº 89, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

• Decreto nº 86, del 27 de abril de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

• Acuerdo nº 93, por el que se promulga la Política Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Decreto nº 41, del 15 de marzo de 2000, por el que se dicta el Reglamento Especial de Protección Radiológica.

• Decreto Ejecutivo nº 41, del 31 de mayo de 2000, por el que se aprueba el Reglamento Especial en materia de Sustancias y Desechos Peligrosos.

Cabe comentar que, pese a que el número de normas por las que se regula esta materia no es tan extenso como el que pueden presentar otros países, estos textos, y en especial los Reglamentos que desarrollan la Ley, aportan una gran extensión y contenido, regulando la mayoría de los aspectos que conciernen a la gestión de la seguridad y salud en el seno de las organizaciones.

Inspección de las condiciones de trabajo

En El Salvador, la inspección de las condiciones y medio ambiente de trabajo se articula en torno a tres cuerpos inspectores:

• La Dirección General de Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

• Técnicos de seguridad y salud, integrados también en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

• Inspectores de pensiones y seguridad social, dependientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (sólo supervisa temas de Seguridad Social).

En cuanto a la Dirección General de Inspección de Trabajo, este organismo se encarga de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normas básicas de higiene y seguridad ocupacional aplicables en el país.

Además de las funciones de velar por el cumplimiento de la normativa laboral, los inspectores elaboran cálculos de indemnizaciones, entregan hojas de terminación de contratos, reciben notificaciones, consultas de empresarios, quejas de trabajadores, y atienden a recolocación de trabajadoras embarazadas y dirigentes sindicales. Se excluye de la inspección los conflictos colectivos jurídicos.

Territorialmente, los 14 distritos en que se divide la República de El Salvador se articulan en torno a una Dirección de Trabajo central en la capital, la cual opera para San Salvador con algunas competencias nacionales y tres direcciones territoriales: Santa Ana, La Paz y San Miguel.

En cuanto al régimen de visitas llevadas a cabo por la Dirección General de Inspección de Trabajo, éstas pueden ser ordinarias (siguiendo la planificación mensual o anual del cuerpo inspector) o bien reactivas (en respuesta a una denuncia formulada por uno o más trabajadores, o su representación).

En cuanto a los técnicos de seguridad y salud dependientes del Ministerio, éstos realizan exclusivamente inspecciones programadas, en función de criterios de accidentabilidad, riesgo, ocupación y proximidad geográfica. Estos técnicos tampoco tienen capacidad para sancionar, en caso de haber detectado deficiencias e incumplimientos que acarreen sanción durante el desarrollo de sus visitas.