LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, COEPA, PIDE REFORMAS URGENTES EN LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD PARA QUE LOS ANÁLISIS SEAN OBLIGATORIOS
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, COEPA, PIDE REFORMAS URGENTES EN LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD PARA QUE LOS ANÁLISIS SEAN OBLIGATORIOS
Algo más de 225.000 trabajadores alicantinos, es decir, la mitad de las plantillas que están expuestas al riesgo de sufrir una enfermedad profesional según el Instituto Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, INVASSAT, eluden el reconocimiento médico de su propia empresa que es de carácter voluntario.
La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana acaba de poner en marcha, a pleno rendimiento a efectos funcionales e informáticos en la red de centros de salud y los hospitales, o sea en el sistema básico de la medicina familiar, el nuevo sistema de vigilancia epidemiológica y laboral. Está dando muy buenos resultados. Tanto es así que se ha disparado en el último año un 45% la declaración y diagnóstico de enfermedades profesionales.
Pero los empresarios, por medio de la patronal, COEPA, dan la voz de alarma por la prevención.
Ésta es una de las principales conclusiones de una jornada organizada por el Departamento de Salud Pública y Laboral de la Generalitat con la participación de los agentes sociales y la Inspección de Trabajo.
COEPA insistió en la necesidad de abordar un cambio en la aplicación normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo que permita extender la obligatoriedad de los reconocimientos médicos a un colectivo de trabajadores mucho más amplio.
En la actualidad solo es obligatoria para trabajos con productos peligrosos. En el resto de casos, no es obligatorio, lo que impide detectar precozmente daños para la salud o proteger con eficacia a los trabajadores sensibles, porque, además de que más de la mitad de la población activa en Alicante renuncia al reconocimiento médico, para los jueces es interpretable; es decir, hacen prevalecer el derecho a la intimidad sobre el derecho a la prevención de riesgos, lo que supone fallar al primer escalón de la política preventiva sobre salud en el trabajo.
Se considera que cada enfermedad profesional, casi mil el pasado año tras dispararse un 44%, acarrea «sufrimiento personal y un elevado coste para las empresas, por lo que es preciso perfeccionar la prevención frente a la reparación y la rehabilitación.
La preocupación de los empresarios llega de la mano del nivel de diagnósticos que se ha multiplicado de modo exponencial al mejorar los sistemas de cruce de información entre la Administración Sanitaria (red de centros de salud y hospitales) y la laboral (Invassat, Inspección de Trabajo y Seguridad Social).
El denominado Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral ha permitido diagnosticar a los médicos de familia, que lo comunican a los laborales cuando tienen sospechas, 995 casos (308 más que en 2013), lo que representa un aumento del 44,83