«LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: ÁMBITO JURÍDICO, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN SOCIAL»
«LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: ÁMBITO JURÍDICO, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN SOCIAL»
El pasado 27 de octubre se celebró en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, el seminario «Los accidentes de trabajo: ámbito jurídico, prevención de riesgos laborales y protección social», sesión que forma parte de las actividades que está llevando a cabo CEOE en el presente año de 2015, con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Helena Morales de Labra, del Departamento Laboral de CEOE, abrió el acto formulando la siguiente pregunta, ¿es un accidente de trabajo lo mismo en Seguridad Social que en prevención de riesgos laborales? A esta interrogante se ha dado respuesta en el seminario.
Para ello se ha contado con Antonio Sempere Navarro, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desarrolló la parte legal del concepto de accidente de trabajo y lo establecido por la jurisprudencia en la materia.
La coordinadora del Observatorio Estatal de Condiciones del Trabajo, Victoria de la Orden Rivera, habló de las estadísticas de siniestralidad laboral, el análisis comparado y cómo se han armonizado los diferentes conceptos de trabajo en los Estados miembros.
Javier Blasco de Luna, director jurídico y de prevención de Adecco, expuso cuál es el marco de actuación y la visión que tienen las empresas del accidente de trabajo desde la óptica preventiva.
Para terminar el acto, se celebró una mesa redonda con el tema de debate «Consecuencias de los accidentes de trabajo», en la que participaron Francisco Javier Blanco Urzaiz, jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de la Inspección de Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, Rubén Rodríguez Martínez, presidente de la Federación de Servicios de Prevención Ajenos e Ignacio Gutiérrez García, coordinador de la Asesoría Jurídica de Prestaciones de la mutua UMIVALE, en representación de AMAT.
El acto fue coordinado por el periodista Luis Vicente Muñoz Fernández, de Capital Radio.
Antonio Sempere trasladó a los asistentes la visión histórica del Derecho en cuanto al mundo del trabajo. Se retrotrajo al inicio de la actividad industrial, en donde prevalecía el riesgo como algo consustancial del trabajo; es decir, todo el que trabajaba tenía que asumir que había un riego, y no había, por tanto, responsabilidad.
Explicó que a principio del siglo pasado, se establece el concepto de accidente de trabajo, obligando a las empresas a responder de lo que le ocurre al trabajador cuando hay un accidente laboral, haya o no haya responsabilidad, mediante la aprobación de la Ley de Accidente de Trabajo. Se asientan unos principios y unas reglas que, en términos generales, llegan a nuestros días, evolucionando el concepto de accidente de trabajo con la actividad jurisprudencial, pero sin cambiar su esencia.
Describió cómo en el tiempo aparece el concepto de culpa objetiva y de reparación del daño, lo que supone el embrión de la actual Seguridad Social, en donde el trabajador está cubierto en mayor o menor medida según las características del accidente, dándose la peculiaridad de que en el supuesto de producirse el percance, la empresa tiene que demostrar que ha hecho todo lo necesario para que el accidente no se hubiera producido. Hecho controvertido, pues supone la inversión de la carga de la prueba.
En su exposición, el ponente abordó la controvertida figura del recargo de prestaciones declarando que perjudica más que beneficia, sobre todo a las empresas medianas: para una empresa mediana o pequeña, ser responsable de un recargo de prestaciones, en ocasiones, les supone cerrar la empresa. Según su punto de vista, habría que eliminar el recargo de prestaciones, porque ya hay bastante con la responsabilidad sancionadora del código penal.
María Victoria de la Orden Rivera, inició su intervención declarando que el objetivo de las estadísticas de prevención de riesgos laborales es orientar las actuaciones preventivas y evaluar dichas actuaciones.
En su intervención describió la información de las base de dato del sistema Delta y del proceso de armonización de las estadísticas de los Estados miembros en el proyecto por parte de Eurostat, destacando su importancia para el estudio de la actividad preventiva con varios ejemplos. Si bien sus fortalezas son innumerables, la ponente reconoció una debilidad, cual es que no permite detectar riesgos emergentes.
Para Javier Blasco de Luna, España se encuentra en los primeros lugares de la gestión preventiva en comparación con los países de nuestro entorno. Precisó que si eso es así, hay que reconocer que se debe al esfuerzo de las empresas, que durante estos veinte años han abordado el problema de la prevención de riesgos laborales, reduciendo la siniestralidad laboral de forma significativa.
Se refirió a la judicialización de los conflictos laborales, que aunque las causas condenatorias son un pequeño porcentaje, el demandado tiene que sufrir la pena del banquillo.
Para terminar, presentó sus 25 Mejoras para superar situaciones complicadas en el cumplimiento de una política preventiva útil para las empresas, cómo, entre otras, la dificultad para controlar riesgos no exclusivamente laborales, el futuro de las operadoras en el mercado de la prevención o repensar el concepto de empresa saludable.
Francisco Javier Blanco Urzaiz, jefe de la Unidad de Seguridad y Salud de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, Rubén Rodríguez Martínez, presidente de la Federación de Servicios de Prevención Ajenos, ASPA, e Ignacio Gutiérrez García, coordinador de la Asesoría Jurídica de Prestaciones de la mutua UMIVALE, en representación de AMAT, formaron parte de la mesa redonda prevista para el final de la sesión. Tras una breve intervención de los participantes, se abrió el turno de preguntas en el que la uniformidad de criterios de la inspección de trabajo, la incardinación de la Ley de Seguridad Social y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto accidente de trabajo y la unificación de los criterios de asignación de las tarifas de los accidente de trabajo, fueron las cuestiones más sobresalientes del debate.